La FEMP colaborara con el Ministerio de Vivienda en la campaña de prevención contra el acoso inmobiliario

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe, Pedro Castro, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón han firmado hoy un protocolo de colaboración para que los ayuntamientos participen en la campaña de prevención del acoso inmobiliario.

El acuerdo, según informaron hoy desde la FEMP, tiene como objetivo establecer las bases generales de cooperación entre el Ministerio y la Federación para realizar actuaciones y programas conjuntos que permitan proteger a los arrendatarios acosados frente a estas prácticas abusivas adoptando las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de sus competencias.

En una primera fase, está previsto poner en marcha una experiencia piloto dentro de un plazo de 70 días, en 10 ayuntamientos españoles aún por determinar. La FEMP y el Ministerio llevarán a cabo en estos municipios una campaña informativa para dar a conocer el teléfono gratuito y la atención que podrán recibir las víctimas de acoso inmobiliario.

El presidente de la FEMP manifestó que se trata de actuar en los casos de asedio y presión que algunas empresas inmobiliarias y propietarios ejercen sobre inquilinos que ocupan viviendas antiguas, o con alquileres bajos, para forzarles a abandonar sus hogares en los que en la mayoría de las ocasiones llevan viviendo toda la vida. "El procedimiento que siguen es muy parecido y consiste en dejar de realizar los obligados servicios de reparación y mantenimiento de las viviendas y edificios afectados, cortar sin previo aviso el suministro de agua y luz o engañar a los arrendatarios para que actúen de forma ilegal y así poder echarlos, entre otras artimañas", agregó.

Castro explicó que en estas circunstancias los vecinos se sienten indefensos, sobre todo porque es difícil probar las anomalías y porque los inquilinos suelen ser personas mayores con pocos recursos que no pueden permitirse pagar un abogado. "En lo que respecta a los ayuntamientos, estos se ven con las manos atadas y lo máximo que pueden hacer es multar al propietario cuando el abandono de la finca es un hecho o bien negarse a aceptar la declaración de ruina de un inmueble", señaló.

En opinión del presidente de la FEMP, la admisión a trámite en el último año de casos de acoso inmobiliario demuestra que "no estamos ante hechos aislados sino que es un problema más extendido de lo que se cree y que requiere atención social y jurídica para erradicarlo de manera contundente".