La FEMP cree que las CCAA no pueden "mirar para otro lado" y tienen la última palabra en convenios urbanísticos

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, consideró hoy que restar competencias a los ayuntamientos en materia urbanística no solucionará el problema de la corrupción "porque las competencias las tienen las autonomías". Le parece "bien" que los convenios urbanísticos pasen por los plenos municipales, en lugar de las juntas de gobierno, pero "las comunidades no pueden mirar para otro lado porque tienen la última decisión"

"Creo --señaló en RNE-- que alejar las decisiones de los ambitos más cercanos y más próximos, no es la solución, porque las competencias las tienen las CCAA. Que los convenios urbanísticos en lugar de pasar por las juntas de gobierno tengan que pasar por los plenos, yo lo aplaudo, pero es que las CCAA no pueden mirar para otro lado porque son las que tienen la última decisión".

Gallego cree que la ley "posibilita estas actuaciones en este marco urbanístico y también la aplicación en algunos casos, que no son muchos, contados casos, pero que han tenido una repercusión tremenda, que están fuera de la ética". Apuntó que tiene puestas "muchísimas esperanzas" en la Ley del Suelo, aunque admitió que la insuficiencia de recursos de los municipios es una "mala excusa".

"Es obvio --dijo-- que el sistema de financiación de las corporaciones locales es insuficiente y ciertamente, la última ley del 2003 por no dejó las cosas bien para los ayuntamientos. Si es obvio que es así y no dio soluciones reales a los problemas de financiación local que es un tema pendiente, no debemos mezclar las churras con las merinas. No debemos justificar para nada ni las corruptelas ni la corrupción. Ahí se necesita luz y taquígrafos".

ÓRGANO INDEPENDIENTE DE VIGILANCIA

Se mostró a favor de la nueva ley de Gobierno y Administración Local y el régimen de incompatibilidades que contempla para los concejales. Se refirió asimismo a la propuesta de la FEMP de creación de un órgano independiente de vigilancia de operaciones sospechosas de corrupción urbanística. "Creo que se está estudiando y debe ser valorado de manera positiva. Se debe hacer un rechazo social y estrechar el cerco a los corruptos. Hay otras propuestas como la aplicación estricta y el endurecimiento de las incompatibilidades".

Explicó que la ley del Gobierno Local plantea incompatibilidad a los concejales. "Durante dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán desempeñar servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con el cargo desempeñado".

En cuanto al caso concreto de Andratx, se limitó a responder que lo importante es que "brille la transparencia". "Para mí, los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Por eso entre todos vamos a ganar esta batalla, aunque debo manifestar que la inmensa mayoría de las alcaldesas, alcaldes, concejales y concejalas de las ciudades y los pueblos de España somos gente honrada y gente que nos dejamos la piel por nuestras ciudades y por nuestros pueblos".

Por este motivo, aboga por la aplicación de las incompatibilidades "de manera rigurosa", modificar la Ley del Suelo "que en parte posibilita el que se puedan llevar a cabo estos pelotazos urbanísticos". También pidió más agilidad y diligencia a la justicia porque "una justicia lenta no es una justicia ejemplarizante"