MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, realizó hoy una visita oficial al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se reunió con el presidente de este órgano, Carlos Dívar, y varios de sus vocales. La visita, que no duró más allá de unos cuarenta minutos, sirvió para "escenificar la magnifica relación" entre ambas instituciones, según explicó el titular de justicia al término del breve acto.
Según Bermejo, el encuentro con los representantes del gobierno de los jueces se desarrolló en un clima "absolutamente relajado y constructivo, tal y como corresponde a las instituciones". Añadió que la labor del Consejo es "difícil", y que por ello va a contar "con todo el apoyo del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia". "Respetaremos lo que aquí se hace -agregó el ministro-, pero no sólo eso, porque queremos ayudar a que se haga bien y caminaremos por esta senda de nuetralidad en el gobierno de los ueces que nos hace mucha falta". La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, comentó por su parte que el encuentro mantenido hoy "es muestra de esa voluntad que hay por parte de todos de empezar un nuevo camino juntos, porque es necesaria la colaboración de todos los poderes públicos para conseguir mejorar la Justicia, que hace mucha falta".
El de hoy fue el primer encuentro oficial de Fernández Bermejo con el recientemente nombrado presidente del CGPJ, si bien ambos, al igual que resto de vocales, tuvieron ocasión de reunirse de de modo informal el pasado día 29 durante del acto de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo.
La reunión se ha producido después de que ayer, el CGPJ afirmara mediante un comunicado que procederá con "la máxima responsabilidad" en lo relacionado con el expediente sancionador al juez del 'caso Mari Luz', Rafael Tirado, después de que desde diferentes instancias se criticara las sanciones impuestas al magistrado y a la secretaria judicial del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que no ejecutó una sentencia pendiente por abusos sexuales contra el presunto asesino de la niña.
La sanción ha sido recurrida en alzada por la Fiscalía, que reclama que Tirado no sólo sea sancionado con una multa, sino que se le suspenda por tres años. De esta forma, el CGPJ respondía a las reacciones que este caso ha motivado desde diferentes instancias, entre ellas asociaciones como Jueces para la Democracia (JpD), que ha calificado de "inaceptable" que el Gobierno "se inmiscuya" en cómo el Poder Judicial "ejerce las funciones que la Constitución le reserva de manera exclusiva".
Concretamente, JPD criticaba que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hubiera manifestado en una entrevista periodística "su deseo de que el juez Tirado --sancionado por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino a la niña Mari Luz-- fuera sancionado con tres años de suspensión".