MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que la reunión que mantendrán el vicesecretario de Política Territorial del PP, Javier Arenas, y el coordinador de Economía, Cristóbal Montoro, con los consejeros de Economía y Hacienda del PP para hablar de financiación autonómica servirá para apelar "de nuevo" a los principios y valores en los que se basa su partido.
"Esta reunión es la apelación de nuevo y la puesta de negro sobre blanco de los principios en los que se basa el PP", indicó la presidenta madrileña, que matizó que en su partido "la unidad es en torno a los principios" y que, por lo tanto, se aplican siempre "a todas las cuestiones". "Es fundamental apelar a esos principios", apostilló.
Tras su visita al Centro Hispano Ecuatoriano de la Comunidad de Madrid, Aguirre explicó que en el caso de la financiación autonómica los principios "están clarísimos". "Todos los españoles somos iguales, todos tenemos derecho a los mismos servicios públicos, por tanto, lo que no nos parece justo es que algunas comunidades autónomas tengan el acceso a un sistema de financiación que no tengamos las otras", indicó.
No obstante, estas declaraciones se quedan en el aire puesto que la presidenta, desde que se reunió el pasado lunes con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha cambiado su discurso, y aunque mantiene que "no se pueden cortar trajes a medida", insiste en que está "muy satisfecha" por su encuentro y que confía en lo acordado con el Gobierno central: incluir al 1,2 millones de ciudadanos como población que falta en el nuevo sistema.
Así, hoy recordó que la Constitución Española habla de la solidaridad, y que se trata de un principio que el PP también defiende. "Las comunidades autonómicas que tienen mayor riqueza, más bienestar y son más dinámicas tienen también que aportar a las comunidades autónomas que lo son menos", apuntó.
Por otro lado, Aguirre también apeló a la "justicia" y aseguró que "es evidente" que la población tiene que ver con este principio, ya que, a su juicio, "no se puede prestar el mismo servicio sanitario, educativo, de servicios sociales y de transporte si hay un 1,2 millones de ciudadanos que no se contabilizan a la hora de dar los fondos necesarios para que se pueda funcionar", concluyó.