Financiación.- Caamaño defiende que una cláusula obligue a que los fondos de solidaridad sean para servicios básicos

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, consideró hoy necesario que una cláusula obligue a que los fondos de nivelación entre comunidades, "el llamado dinero de la solidaridad", se destine a servicios básicos.

Caamaño consideró "personalmente" que ésta es una "necesidad del sistema". Constató que las comunidades, como su propio nombre indica, "tienen autonomía de gastos", por lo que los fondos de nivelación que reciben procedentes de las autonomías con más riqueza no acaban destinándose a "sanidad o educación".

De hecho, consideró "injusto" que los fondos de nivelación entre comunidades puedan utilizarse en algunas autonomías "no para atender derechos básicos de los ciudadanos", sino para crear grandes espacios culturales o "magníficas fiestas de la patrona de algún lugar".

"Es injusto para Catalunya, Baleares y Madrid", y "no es correcto dentro del sistema de las comunidades", dijo al intervenir en unas jornadas del centro Ernest Lluch del Consorcio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona.

DESPLIEGUE DEL ESTATUT

En respuesta a una pregunta del público sobre la lentitud en el despliegue del Estatut y en los cambios que esta norma introduce, no sólo en nuevos traspasos a la Generalitat, sino también en la legislación estatal, dijo: "Somos un gobierno en minoría" y, además, están los recursos contra el Estatut "pendientes de resolución".

Dicho recurso al TC "hace más difícil apurar ciertas interpretaciones a la hora de elaborar ciertos tipos de leyes" que "se harán", aseguró Caamaño.

MÁS "CONEXIÓN" ESTADO-CCAA

El secretario de Estado consideró necesario que haya más "conexión normativa" entre la legislación estatal y las autonómicas: "Deberíamos pensar en una futura reforma del Senado o alguna reforma de la Constitución para precisamente establecer normas de enlace de redes".

También aseguró que el Estado trabaja en "establecer un mecanismo de control de calidad de las normas desde el punto de vista de la calidad dentro del Estado autonómico". Aseguró que las normas que se aprueban en las Cortes deben basarse en el "fundamento normativo común" --la legislación básica"--, y las autonomías tienen el "derecho constitucional de desarrollarlo por cuenta propia".

Caamacho consideró que hay que alcanzar entre Estado y comunidades un acuerdo para introducir cambios en las conferencias sectoriales y en su funcionamiento diario.

Además, explicó que el Estado sigue trabajando desde el principio de esta legislatura en una cláusula que podría introducirse en nuevas leyes que aprueben las Cortes, que regule ámbitos que no están regulados a nivel autonómico pero que son de competencia autonómica, y que las directivas de la UE obligan a regular.

Esta regulación estatal sería "reversible", con lo que sólo sería vigente hasta que los parlamentos autonómicos legislaran sobre dichos ámbitos.

RECHAZO A UNA NUEVA LOAPA

El secretario de Estado consideró que en los últimos 30 años se ha avanzado hacia "17 sistemas parlamentarios irreversibles", y consideró que el reto actual pasa por "no sólo definir los espacios de las comunidades", sino que desde el Estado se debe ser "capaz igualmente de ir defendiendo qué centro es necesario y lo imprescindible".

Caamaño recordó: "Utilizamos una sola vez una ley de armonización" entre las comunidades autónomas --la LOAPA, en 1982, pactada entre el PSOE y la UCD y que fue declarada inconstitucional por el TC--. "Nunca más se intentará otra" ley similar, porque "políticamente" es una iniciativa "muerta".

SAURA: MÁS "COOPERACIÓN HORIZONTAL"

El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, centró su intervención en la necesidad de que existan más "mecanismos de colaboración entre el Estado tanto de carácter multilateral como bilateral, para intercambiar información, tratar temas comunes y resolver situaciones competenciales complejas".

Saura añadió que son necesarios mecanismos de relaciones de "cooperación horizontal" entre autonomías para abordar "acuerdos en materia de interés común".

Consideró que hay que "impulsar" la conferencia de presidentes --que reúne al del Gobierno central y al de las autonomías, y que aún no se ha convocado este año--, y también defendió "conferencias de consejeros" para hablar de los ámbitos de sus competencias. Sobre la conferencia de presidentes, dijo que la presencia del presidente del Gobierno no debe ser condición indispensable para celebrar el evento.