MADRID, 26 Jul. (OTR/PRESS) -
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados culminará este jueves la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley de Reforma Laboral, que se enviará al Senado tras debatir cerca de dos centenares de enmiendas, de las casi 300 remitidas por los distintos grupos. Los socialistas abordan la negociación con la vista puesta en alcanzar acuerdos con los grupos de CiU, PNV y ERC. Según observan los expertos, las expectativas de que el Parlamento profundizara en la reforma laboral se han desvanecido. Al menos, esta es la opinión de los principales expertos consultados por La Vanguardia, que entienden que las enmiendas presentadas por los distintos grupos al texto gubernamental, no solamente no la amplían, sino que incluso la limitan. "La reforma laboral se está quedando descafeinada", dicen.
El PP se ha quedado solo en demandar la "mejora de la flexibilidad interna en las empresas". CiU ha recogido una vieja reivindicación de Cataluña y solicita en sus enmiendas la "gestión y el control" autonómico de todas las prestaciones económicas del desempleo. El Gobierno socialista tradicionalmente se ha opuesto a esta reivindicación con el argumento de que supondría romper la caja única de la protección social. Sólo se ha accedido desde el Gobierno de Madrid a ceder parte de las prestaciones del fomento del empleo y la formación. A su vez, los nacionalistas vascos abordan en sus enmiendas la negociación colectiva en dos puntos fundamentales. Cuestionan la condición de sindicato más representativo en el sector, y en segundo lugar la estructura de la negociación colectiva. En concreto piden que se ordene de menor a mayor, es decir, primero los convenios empresariales, luego algunos provinciales y de comunidades autónomas y por último el de ámbito estatal o de sector.
De las casi trescientas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al decreto ley que serán discutidas en la comisión de Trabajo -que tiene capacidad legislativa plena para dar agilidad a la tramitación- sólo las 71 presentadas por el PP propugnan un cambio profundo del texto gubernamental. Sin embargo, la posibilidad de que salgan adelante es muy pequeña, por no decir nula. La razón es que son planteamientos muy distantes del proyecto gubernamental y no existe punto de entendimiento. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere hacer una reforma laboral, pero sin ir demasiado lejos, para evitar la ruptura total con los sindicatos.
Las que sí tienen muchas posibilidades de ser aprobadas son algunas de las presentadas por CiU. El problema es que para los expertos consultados, estas enmiendas no suponen una gran mejora respecto al texto gubernamental. La más importante es la de tasar las condiciones para facilitar a las empresas el despido objetivo, que equivale a pasar de una indemnización de 45 días por año a otra de 20 días por año de servicio. En opinión de los expertos, se dejaba la opción muy abierta y al arbitrio de los jueces. La propuesta de CiU es que las condiciones del despido objetivo se pacten entre empresarios y sindicatos en la negociación colectiva. Esta propuesta, que tiene muchas posibilidades de salir adelante, resulta extraordinariamente polémica. Para algunos supone dar un paso atrás, ya que vuelve a dejar en manos de los sindicatos la determinación de que la indemnización sea de 20 ó de 45 días. Para los responsables de CiU, sin embargo, va a permitir a los empresarios la posibilidad de demostrar a los trabajadores si realmente la empresa tiene que limitar la indemnización para poder hacer viable el ajuste o si en verdad pone en riesgo el empleo de los trabajadores que se quedan.
Otra enmienda que tiene grandes posibilidades de salir adelante es la que recoge las medidas para frenar el altísimo coste que supone el absentismo laboral. También presenta esta enmienda CiU y recoge las peticiones del Instituto de Empresa Familiar. Cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo, y los sindicatos están dispuestos a apoyarla. De acuerdo con ella, el Estatuto de los Trabajadores fijará una nueva causa de despido "por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25 en cuatro meses discontinuos en un periodo de un año". En ese caso, la enmienda plantea que la Seguridad Social abone las bajas por incapacidad temporal desde el cuarto día de ausencia del trabajo. En la actualidad, los empresarios pagan esta baja hasta el decimosexto día de la baja del trabajador.
Otro cambio que puede salir adelante es fijar una mayor vinculación entre el cobro de la prestación por desempleo y la asistencia a cursos de formación profesional. También se propone la posibilidad de que se pueda cobrar de una sola vez el 60 por ciento de la prestación a los autónomos que se queden en desempleo. Entre los grupos existe un amplio consenso en aumentar las bonificaciones para los jóvenes y los discapacitados. También en la reducción de las exigencias para aplicar el contrato de fomento de empleo (con una indemnización de 33 días). El texto gubernamental señala que el trabajador debe llevar tres meses en el paro. CiU quiere rebajarlo a un mes, y el PP, a 15 días. Este es el mayor avance hacia la simplificación de la contratación que recomiendan los expertos.
Parece que será evidente el esfuerzo de CiU por hacerse presente en esta ley y, contrariamente, es probable que el PP no vea muy satisfechas sus aspiraciones de dejar huella en la reforma...
