El fiscal no ve explicación "razonable" a de dónde sacaba el dinero Fabra

Actualizado: martes, 17 diciembre 2013 21:54

CASTELLÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El fiscal del denominado 'caso Naranjax' ha asegurado este martes que no ve una explicación "razonable" a de dónde sacaba dinero el expresidente de la Diputación de Castellón y exresponsable del PP en la provincia, Carlos Fabra, para realizar los ingresos que figuran en sus cuentas.

   Así lo ha indicado durante la exposición de sus conclusiones en la novena sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Castellón contra el exdirigente 'popular' por el conocido como 'caso Naranjax', en la que, al igual que el resto de las acusaciones, ha señalado que han quedado acreditados los delitos de los que se acusa a Carlos Fabra.

   De esta forma, el ministerio público sostiene que ha quedado acreditada durante la vista la "estrecha relación" entre los matrimonios Fabra y Vilar y que Carlos Fabra realizó gestiones ante diversos organismos oficiales con el fin de interceder en la aprobación de registros de productos fitosanitarios de las firmas del empresario Vicente Vilar, acusado en este procedimiento.

   Además, ha indicado que es "comprensible" que Vilar haya negado durante el juicio los hechos que él mismo denunció, puesto que "no va a tirar piedras contra su propio tejado", por lo que "ha cambiado la versión inicial, ya que se le acusa de cohecho".

   Así mismo, ha explicado que el "supuesto" interés general que tenía Carlos Fabra por las empresas de la provincia es un "interés particular" porque había un "evidente" vínculo de amistad y económico entre el exdirigente del PP y Vilar.

   Al respecto, para defender la acusación del delito de cohecho, el fiscal se ha referido a las gestiones realizadas por Fabra ante altos cargos de la Administración. Unas actuaciones que, según ha dicho, se produjeron "en aras de un interés particular, y que redundaban en el interés económico de empresas de Vilar, que estaba pagando a Fabra por las gestiones".

   Por otra parte, ha señalado que hay que tener en cuenta declaraciones de algunos testigos, como la contable de Naranjax, "que reconoció que nunca supo a qué respondían las facturas giradas por Carmacas --empresa de Carlos Fabra-- a las empresas de Vicente Vilar y que había un rumor de que se estaban sacando autorizaciones para productos de Naranjax gracias a las gestiones de Carlos Fabra".

   Por otra parte, el ministerio público ha destacado que, según lo declarado por los conductores, personal de seguridad y amigos de Fabra, "ninguno" sabe que, además de presidente de la Diputación, tuviera otra actividad.

   El fiscal también sostiene que la exmujer de Vilar, la también acusada Montserrat Vives, era "perfectamente conocedora" de lo que hacía el exdirigente del PP, mientras que ha aclarado que la actuación del exsenador Miguel Prim también iba en "defensa de intereses particulares", puesto que en algunas cartas que remitió al entonces ministro de Agricultura utiliza un "tono de exigencia que sobrepasa una actuación de puro interés o simple recomendación para tratar de influir en el ánimo de quien tiene que aprobar los productos".

   Respecto a los delitos fiscales, el ministerio público asegura que, "salvo cuando estaba elaborado el informe de peritos, no se ha aportado documentos, ni explicación razonable de los ingresos de Fabra". Según ha dicho, "la simple negación no basta, ni la llamada caja familiar, es decir, saco dinero del banco, me lo llevo a casa y luego hago los ingresos correspondientes para amortizar préstamos u otros gastos".

   Al respecto ha aclarado que la defensa de Fabra ha aportado informes periciales con unas tesis "de lo más extravagante y disparatadas", y que, a efectos de determinar el patrimonio no justificado, hay una "ausencia total de explicación de dónde viene tal cantidad de ingresos en sus cuentas, pues los ingresos declarados no dan para cubrir los gastos que tenía".

   En cuanto a la petición de la defensa de que se rebaje al grado mínimo la pena a imponer, el fiscal se ha mostrado en contra, puesto que, según ha indicado, "el defraudador no es un defraudador cualquiera, ya que era presidente de la Diputación que recaudaba impuestos y, por otra parte, estaba defraudando a Hacienda".

ABOGADA DEL ESTADO

   Por su parte, la abogada del Estado ha reiterado su petición de una sentencia condenatoria, puesto que "para los acusados el mandato de la Constitución no iba con ellos, porque, como ha quedado acreditado , consideraron oportuno no declarar y defraudar a la Hacienda Pública". Así mismo, ha destacado que los acusados "nunca colaboraron ni aportaron documentación que explique el origen de sus ganancias y obstaculizaron la investigación de la Justicia respecto a los delitos fiscales".

   Así mismo, la letrada considera que han quedado acreditados los delitos de cohecho y tráfico de influencias, así como que no cabe "dudar" de que los peritos gozan de "imparcialidad". "No hay más pruebas contra los acusados que los documentos, los movimientos bancarios lo justifican todo. Los hechos están suficientemente acreditados y constituyen delitos fiscales", ha dicho.

   Además, ha explicado que el conocimiento de las circunstancias del deber de declarar "se tiene por ambos acusados, que generan una artimaña y un artificio, como es pedir los préstamos, y no se puede dudar sobre la existencia del dolo".

UCE

   Finalmente, el abogado de la Unión de Consumidores, personada como acusación popular, ha realizado su exposición escenificando un cuento, en el que, según ha dicho, la amistad entre el noble Fabra y el artesano Vilar hace que "todo sea felicidad" y se multipliquen por tres las ventas de éste último. Pero, según ha apuntando, "la felicidad no dura eternamente y llegan las disputas entre ambos y se inicia un proceso en el que Vilar dice que ha pagado por su influencia a Fabra".

   Según ha dicho, el final de este cuento le corresponde a la Sala, y ha apuntado que la sentencia condenatoria que solicita la UCE es para demostrar que "a los ricos y a los poderosos también les puede caer la ley, pues no están por encimar de la misma, y en un estado de derecho todos somos iguales".

   "No tiremos diez años de instrucción por la declaración exculpatoria del acusado Vilar, pues con el cambio de declaración se exculpa a sí mismo", ha finalizado el abogado.