Fiscal del País Vasco remite a la Fiscalía General la información sobre el 'escrache' a Azpiroz (PP) en San Sebastián

Dice que, para ejercer el derecho de reunión y de libertad de expresión, no son "indispensables" las protestas en domicilios

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 10 abril 2013 15:05
Juan Calparsoro
EUROPA PRESS
BILBAO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha remitido a la Fiscalía General del Estado la información sobre el 'escrache' que Stop Desahucios realizó en San Sebastián ante el despacho y el domicilio del diputado del PP José Ignacio Azpiroz. La protesta se realizó a 300 metros de distancia del lugar por orden de la Ertzaintza.

Calparsoro ha remitido la información al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, después de que éste haya pedido a las Fiscalías de la comunidades autónomas que le envíen la documentación sobre el desarrollo de los 'escraches' en el entorno privado, para analizarla.

Por ello, el máximo representante del ministerio público en Euskadi ha remitido la información de la protesta que Stop Desahucios realizó el pasado lunes en la capital guipuzcoana ante el edificio en el que se encuentran el despacho y el domicilio de Azpiroz.

En declaraciones a Europa Press, Juan Calparsoro ha destacado que, en este caso, la Ertzaintza adoptó medidas y prohibió al movimiento antidesahucios acercarse a menos de 300 metros del lugar, y ha defendido la decisión de la Policía autonómica. "Me parece bien que se pongan unos límites porque hay un ámbito de privacidad de una persona, aunque ejerza un cargo público", ha indicado.

En su opinión, "la libertad de reunión y de expresión no es absoluta", y se tiene que "respetar también el ámbito privado de las personas". "Se pueden compaginar ambos derechos", ha aseverado.

RESTRICCIONES

Calparsoro ha señalado que, "ponderando todos los derechos que están en juego", la restricción de la Ertzaintza le parece que "está justificada". "En principio, me parece razonable y que es proporcional a la protección del ámbito privado, familiar y domiciliario de la persona contra la que se dirige el 'escrache'", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que "el derecho de reunión, manifestación y de libertad de expresión están reconocidos en la Constitución", pero ha precisado que "estas libertades están sujetas a que no se lesionen o se pongan en peligro el resto de bienes jurídicos".

Por ello, ha recordado que, para que se ejerzan estos derechos, "no es indispensable" que las acciones de protesta se realicen en los domicilios particulares.

Contenido patrocinado