El fiscal pide absolver a los cuatro polícías porque la alteración del informe "no fue esencial"

   MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

   El juicio en el que se investiga la presunta manipulación de un informe pericial para eliminar de él las relaciones entre el 11-M y ETA, introducidas a partir de una muestra de ácido bórico hallada en el domicilio de Hassan Haski, uno de los condenados por los atentados de Madrid, quedó hoy visto para sentencia en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid después de que la Fiscalía solicitase la libre absolución de los acusados al entender que las alteraciones aplicadas en el documento "no eran esenciales" y que "sólo se trataba de un borrador" sin caracter oficial.

   Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, elevaron a definitivas sus peticiones de cárcel para cuatro altos mandos policiales, suprimiendo tan sólo de su petición inicial la imputación por falso testimonio que, no obstante, no varía la cantidad de la pena solicitada.

   Los acusados son el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas, el secretario general, Pedro Luis Mélida y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez. Santano se enfrenta a seis años de cárcel por un delito de encubrimiento y, en grado subsidiario, las acusaciones piden para él tres años por otro delito de encubrimiento. También por el delito de falsedad documental, estas tres asociaciones piden seis años de cárcel tanto para Mélida como para Ramírez y Andradas.

   La tercera acusación popular, ejercida por Manos Limpias, también ha mantenido su petición de pena inicial excepto el delito de falso testimonio. No obstante, este sindicato tan solo pide cuatro años de cárcel para Ramírez, Andradas y Mélida y mantiene su solicitud de seis años para Santano.

   Desde la Fiscalía, Pedro Martínez denunció que se "esté tratando de relacionar este caso con el 11-M" y recordó que "el informe elaborado por Escribano y otros subordinados ni siquiera llegó al juez Del Olmo", encargado de la investigación de los atentados. "Si el informe no va acompañado de un sello oficial, no llega a nacer como un documento oficial, tan sólo fue un borrador, una propuesta", defendió el fiscal, quien reivindicó que, en ningún caso, se llevó a acabo "una alteración esencial ya que no se alteraron ninguno de los elementos esenciales de los que se pedían en el informe".

   Manuel Escribano fue el encargado con la ayuda de otros dos compañeros, Isabel López y Pedro Manrique, de realizar un análisis sobre una muestra de ácido bórico hallada en 2004 el domicilio de uno de los condenados por el 11-M. A partir de ahí, Escribano introdujo tanto en el apartado de antecedentes como en las conclusiones de su documento relaciones entre esa muestra y la hallada con las mismas características en 2001 en un piso franco de ETA en Salamanca.

   Tal y como reconocieron los propios acusados en el juicio, Mélida ordenó a Ramírez a instar a Escribano a rectificar las alusiones a ETA del informe por carecer de "rigor científico" y ser absurdas. No obstante, los mandos policiales negaron haber recibido órdenes de la superioridad. Finalmente y dado que Escribano se negó a rehacer su informe, fue Ramírez quien terminó asumiendo la tarea.

   "Realmente lo que se está juzgando es la alteración de Ramírez del previo informe elaborado por los peritos", declaró el representante del Ministerio Público, quien recordó que se trata de "un documento que no vio la luz". "Pese a que les cueste reconocerlo a las acusaciones y los peritos, un funcionamiento lógico exige una estructura jerárquica, un reparto de funciones y que un superior tenga una oportunidad de revisar lo elaborado por los subordinados", puntualizó.

   Acusó al perito Escribano de actuar como si estuviese "influenciado por una revelación divina" y de pretender hacer "una regla de una excepcionalidad como es la coincidencia del hallazgo de las dos muestras de ácido bórico" en el domicilio de Haski y el piso franco de ETA.

   RECUERDO DEL 11-M

   "Con el ánimo de legitimar nuestra participación en este juicio, quiero comenzar haciendo un recordatorio de los atentados del 11-M". De este modo inició sus conclusiones finales el representante de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, quien acusó al fiscal de ejercer como una segunda defensa de los acusados y denunció que el "resultado del juicio sobre los atentados de Atocha fue bastante descorazonador para las víctimas".

   "Da igual que el documento firmado por Escribano fuese oficial o no porque lo que juzgamos es el documento que firmó el señor Ramírez y ese documento nadie ha puesto en duda que sea oficial", expresó el letrado, quien añadió que "se falseó la cadena de custodia de las pruebas" y además recordó que "el encargo que los peritos recibieron fue elaborar un análisis pericial".

   El representante de la Asociación Afectados por el 11-M concluyó que "si no hubiese dolo falsario e intención de engañar, no se hubieran tomado tantas molestias". "A mi me han dicho las víctimas que están muy agradecidas por que personas como el señor Escribano haya participado en la investigación del 11-M", dijo De Pablo.

   Por su parte, el abogado de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, denunció que "el 11-M no ha sido un atentado normal, no sólo por el hecho sino por como se ha llevado la investigación y por como se ha hurtado a las víctimas". Calificó como una "sinrazón" que se eliminasen datos de un informe pericial e insistió en que no defienden que ETA esté detrás del 11-M sino "que se investigue esa posibilidad".

   "Por órdenes políticas, por órdenes concretas trataron de cercenar la investigación sobre el atentando más importante de la historia de Europa", acusó este letrado al tiempo que denunció que se "estén utilizando a los miembros de la Policía para alterar un informe". "Estos no son el mejor ejemplo de un Cuerpo de Policía que se ha dejado tanta sangre en este país", indicó.

   Por último, en representación del Sindicato Manos Limpias, su abogado señaló que Santano "no puede alegar ningún tipo de desconocimiento" ya que "en una entrevista de televisión defendió que volvería hacer lo que hizo". Por ello, añadió que el alto mando policial "era plenamente consciente de lo que había sucedido en cuanto a la alteración del informe por lo que es cooperador necesario".

   El abogado de los acusados, José Antonio Choclán reincidió en la tesis de que el informe elaborado por Escribano y sus dos compañeros no era oficial y que en todo caso debería estar integrado por datos estrictamente científicos y no "deliberados".

   ÚLTIMA PALABRA DE LOS ACUSADOS

   El juicio quedó visto para sentencia después de que el tribunal presidido por el magistrado Alberto Jorge Barreiro escuchase el turno de última palabra de tres de los cuatro acusados. Mélida manifestó que su decisión de hacer rectificar el informe "fue de caracter profesional, con el fin de cumplir las disposiciones legales y para que no se desprestigiase a la Policía Científica en España".

   Asimismo, insistió en la ausencia de cualquier indicación de la superioridad. "Triste y doloroso ha sido estar sentado en un banquillo, pero más triste ha sido que las acusaciones hayan sido de las víctimas", dijo Mélida.

   Por su parte, Santano ratificó su inocencia y aseguró haberse sentido "injuriado y ofendido por muchas de las cosas expresadas por las acusaciones". "Casi se nos ha acusado de que somos responsables de la muerte de algunas de las víctimas", denunció al tiempo que pidió "brevedad al tribunal para acabar con 20 meses de injurias y sufrimiento".