El fiscal pide incrementar hasta 18 años la inhabilitación al juez Calamita por retardar una adopción entre lesbianas

"El juez no hizo lo que normalmente se hace porque normalmente no se presenta un caso como este", dice su defensa

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 22 octubre 2009 15:31

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del Tribunal Supremo Antonio Barranco solicitó hoy incrementar hasta dieciocho años la pena a dos años, tres meses y un día de inhabilitación que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia impuso al que fuera juez de familia Fernando Ferríni Calamita por retrasar el trámite de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la pequeña. Considera que los hechos deben calificarse de prevaricación continuada.

Así lo defendió el representante del Ministerio Público durante la vista celebrada ante la Sala de lo Penal del Supremo, en la que la acusación particular, en representación de la madre afectada, pidió la misma pena que el fiscal o, en su defecto, la imposición al juez de un año más de inhabilitación por un delito de discriminación, por motivos sexuales, en la prestación de un servicio público. La defensa de Ferrín Calamita instó la absolución de su patrocinado.

La Fiscalía fundamentó su petición en la existencia de prevaricación en un total de cinco resoluciones dictadas por el juez de Murcia en el expediente de adopción que supusieron "una contradicción grave contra el ordenamiento jurídico".

Entre ellas, la petición de un examen sobre la madre biológica, el nombramiento de un defensor judicial de la niña (requisito no exigido por la ley), o la realización de unas preguntas a la psicóloga del caso, relativas a la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres, que a juicio de esta parte "revelan una clara condición homófona".

Para la acusación particular, ejercida por el abogado José Luis Mazón, las resoluciones que supusieron prevaricación fueron ocho. "Dictó a sabiendas resoluciones inauditas únicamente porque se trataba de una pareja de mujeres", dijo el letrado, que aludió en su exposición a los razonamientos de la sentencia que condenó por este mismo delito al que fuera juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño.

DEFENSA.

Por su parte, la defensa de Calamita, ejercida por Javier María Pérez Roldán, alegó que la actuación de Ferrín Calamita en este caso no acredita más que su interés por conocer los detalles precisos para tramitar una adopción que, por ser entre personas del mismo sexo, era "totalmente novedosa".

Añadió que el hecho de que el expediente instado por la madre de la menor, Vanesa de las Heras, permaneciera 6 meses encima de su mesa en el juzgado "no es delito en ningún juzgado de España, y menos si se trata de un asunto novedoso". Recordó que el defensor judicial es una figura prevista "cuando hay intereses contrapuestos" y que el fiscal no recurrió ninguno de los acuerdos que fue adoptando su cliente en la tramitación de la adopción.

La defensa subrayó el hecho de que durante todo el proceso a Ferrín Calamita no se hablara de la "especialidad de la situación", pues las madres estaban casadas por una ley nueva y "ningún criterio jurídico anterior" podía aplicarse a este asunto. "Este juez no hizo lo que normalmente se hace porque normalmente no se presenta un caso como este en los juzgados",*dijo Pérez Roldán.

La Sala que revisará este caso esta compuesta por los magistrados Adolfo Prego, como presidente, Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, Luciano Varela y Siro García, que será el ponente de la sentencia.

La condena dictada en su día por el Tribunal Superior de Murcia contemplaba el agravante de "desprecio a la orientación sexual de la adoptante", si bien no incluyó calificación del fiscal de prevaricación", al apreciar que no existía "en la mente del inculpado --con todos los riesgos que conlleva hacer conjeturas sobre las intenciones-- un plan preconcebido para privar de patria potestad a la madre o para conseguir que la adopción no se produjese", según señalaba la resolución.

En la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado 24 de noviembre, el magistrado Ferrín Calamita, indicó que este era "un juicio político", y aseguró que sólo había velado por los intereses de la menor" "Mi única intención fue garantizar lo mejor para la niña, espero que sea feliz, que crezca con el cariño de Vanesa y Susana y que la adopción haya sido la mejor opción", dijo en su defensa.

Contenido patrocinado