MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista y la acusación popular representada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) rebajaron hoy desde diez a siete años su petición de cárcel para cinco miembros de la organización juvenil SEGI, que están siendo juzgados por su "sumisión jerárquica" a la banda terrorista ETA. El representante del Ministerio Público explicará mañana, durante la exposición de su informe, las razones que le han llevado a modificar su escrito de conclusiones provisionales.
Ayer, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga este caso, ordenó la busca y captura del sexto procesado, el dirigente de SEGI Oier Oa Pujol, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 60.000 euros desde marzo pasado y no se presentó hoy al juicio.
Durante la sesión del juicio celebrada hoy comparecieron varios peritos judiciales que ratificaron los informes que vinculan la actuación de los miembros de SEGI con actos de Kale Borroka.
INTEGRACIÓN EN ETA
Los cinco jóvenes que se sentaron hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional no se presentaron al juicio que la Audiencia Nacional celebró en 2005 contra las organizaciones Jarrai y Haika, antecesoras de SEGI.
Los acusados son Asier Tapia Zulaika --para el que la Fiscalía pidió entonces una pena de 111 años y diez meses de cárcel--, Zigor Ruiz Jaso, Eneko Aizpuru Giraldo, Garikoitz Múgica Zubiarrain y Araitz Zubimendi Izaga. Todos ellos se enfrentan a una pena de siete de cárcel por un delito de integración en organización terrorista.
EL FRENTE DE MASAS DE ETA
Según el escrito de calificaciones provisionales del fiscal, los seis acusados asumieron "el compromiso de liderar las labores de planificación, dirección y ejecución de las actividades de Jarrai, Haika o de SEGI en distintos niveles de su organización territorial".
Estas actividades fueron desarrolladas "en diversos ámbitos de especialización, si bien el compromiso militante de todos ellos y su grado de formación" les llevó a tener "pleno conocimiento de sus vínculos orgánicos dentro del sistrma de organizaciones integradas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), con el referente de la organización armada". La interacción entre las organizaciones juveniles y ETA superaba "la mera comunidad de objetivos y afinidad ideológica", según el fiscal.
En su escrito provisional de acusación, Bautista también reproduce las consideraciones realizadas por Molina en 2005 para sostener que estos tres colectivos son organizaciones dependientes del frente de masas de ETA, organización con la que mantiene "identidad de objetivos, sumisión jerárquica y unidad financiera".
Según el Ministerio Público, ETA ha definido distintos niveles de lucha, entre las que cita la "lucha de masas", dividida a su vez en la "legal" (manifestaciones y concentraciones), la "semilegal" (barricadas, impulso de huelgas y jornadas de lucha, carteles, cartas y llamadas telefónicas amenazantes) y la ilegal (complemento de la lucha armada y que se materializa en actos de sabotaje).
De igual modo, el fiscal afirma que los asesinatos de Gregorio Ordóñez, máximo responsable del PP en Guipúzcoa, y del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goicoechea "fueron seguidos de una labor de 'imposición pedagógica' respaldada por ETA, KAS y Jarrai, a raíz de la cual fueron numerosos los miembros de los partidos políticos denominados 'constitucionalistas' y de la Policía Autónoma Vasca que sufrirán las consecuencias de la presión de ETA, no sólo contra sus vidas sino con ataques contra su patrimonio".
ORGANIZACIONES TERRORISTAS
En enero de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró que Jarrai, Haika y SEGI son organizaciones terroristas por formar parte de ETA. Por esta razón, el alto tribunal aumentó a seis años de cárcel las condenas de entre dos años y medio y tres años y medio que la Audiencia Nacional impuso a 24 acusados en junio de 2005.
Aunque la acusación estaba dirigida en un principio contra 42 personas, para las que se pedían 654 años de cárcel, al juicio en la Audiencia Nacional únicamente se presentaron 33. Durante la vista, la Fiscalía retiró la acusación contra cinco y en su sentencia el tribunal decidió absolver a otros cuatro.
