El fiscal solicita la suspensión de la ejecución de la inhabilitación a Vilanova hasta que se tramite y resuelva el indulto

CASTELLON 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha remitido un escrito a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón en el que solicita la suspensión de la ejecución de la pena de inhabilitación de ocho años para empleo o cargo público por un delito de prevaricación impuesta por el Tribunal Supremo al alcalde de la localidad castellonense de Vila-real, Manuel Vilanova, durante la tramitación y resolución del expediente de indulto formulada al Gobierno por el primer edil del municipio.

El ministerio público indica en su escrito que el juez o tribunal puede acordar la suspensión de la ejecución de la condena penal cuando la ejecución de la pena de que se trata "pudiera frustrar el indulto que, en su caso, pudiera conceder el poder ejecutivo".

Así, señala que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Indulto, éste puede afectar "tanto a la pena principal como a las accesorias", y sería, a juicio de esta parte, "contraproducente que no suspendiéramos la ejecución y el poder ejecutivo indultara de esta pena a Manuel Vilanova, pues provocaría unos perjuicios irreparables y no deseados".

El escrito subraya como fundamento de esta temporal suspensión de la pena de inhabilitación especial que se ha tenido en cuenta el carácter excepcional de esta medida, "que no es automática ni genera derechos públicos subjetivos y se han apreciado las circunstancias concurrentes en el caso concreto, tal como exige al fiscal la instrucción y la consulta que sobre la materia se realizó".

Por todo ello, pide que se resuelva en el sentido expresado y a la espera de lo que en su día resuelva el Consejo de Ministros sobre la petición del indulto formulada, sobre cuya concesión el fiscal "nada tiene que oponer por concurrir los requisitos en la Ley 18/6/1870 y en la Ley 1/1988 de 14 de enero y haberse observado todas las formalidades legales".

Por otra parte, con respecto a las penas privativas de libertad impuestas a Manuel Vilanova y al representante legal de Rocersa, Pedro Tomás Llop, de uno año y medio de prisión a cada uno, el fiscal estima que procede la suspensión de las mismas al concurrir los requisitos legales.