El fiscal ve probado que Villarejo filtró a periodistas información de Dina y mantiene la petición de 5 años de cárcel

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal en el juicio del 'caso Dina' en la Audiencia Nacional (AN) ha mantenido su petición de cinco años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el supuesto acceso y difusión a periodistas de información extraída del teléfono móvil robado de Dina Bousselham, exasesora del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

La Audiencia Nacional ha dejado este martes visto para sentencia el juicio sobre el recorrido de la tarjeta telefónica de Bousselham desde que fue robada en 2015, cuando era asesora de Iglesias, entonces eurodiputado en Bruselas, hasta que parte de la información fue publicada en medios de comunicación.

La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Villarejo, el único acusado en el juicio, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.

Durante la exposición de los informes finales, el fiscal ha manifestado que ve acreditado que la tarjeta del móvil robado de Dina Bousselham llegó a la redacción de la revista en la que trabajaban los dos periodistas inicialmente acusados --que posteriormente fueron exonerados tras llegar a un acuerdo con Iglesias y Bousselham-, y que los dos informadores efectuaron una copia de la misma y se la entregaron a Villarejo el 3 de febrero de 2016 en un restaurante de Madrid.

"Dos periodistas de una redacción están entregando información de una microtarjeta SD, que ha sido sustraída, a un comisario en activo sin ningún tipo de cobertura y sin ningún tipo de garantía", ha incidido, señalando que ello implicaría un delito de descubrimiento, utilización y modificación de datos de carácter personal o familiar o reservado.

ENTREGA DE INFORMACIÓN "OBVIANDO LAS LEYES"

Esta entrega, que se realizó "sin carta de naturaleza, sin cobertura, obviando la Constitución y las leyes", afectó "directamente" al derecho a la intimidad de Bousselham, una ciudadana que "tenía toda su información de carácter personal, familiar y profesional en ese dispositivo móvil", ha agregado.

Villarejo, que aseguró realizar labores de "inteligencia" para investigar una supuesta financiación ilegal en Podemos y una presunta reunión de dirigentes del partido con miembros del servicio secreto venezolano e integrantes de ETA, accedió a ella "sin autorización judicial y sin ningún título habilitante que le permita llevarla a efecto", y posteriormente, llevó a cabo "la correspondiente redistribución a periodistas", ha afirmado el representante del Ministerio Fiscal.

"Ese apoderamiento de la información de la tarjeta del 'pendrive' queda perfectamente reconstruida desde el inicio hasta el final, a través de las correspondientes testificales, documentales y periciales", ha aducido.

El fiscal ve "creíble" que los dos periodistas, que manifestaron que le dieron el 'pendrive' a Villarejo porque éste se lo requirió para una investigación policial, le entregaran la información en el restaurante.

IGLESIAS DEBERÍA HABER DEVUELTO LA TARJETA DE FORMA INMEDIATA

Asimismo, ha afirmado que "la propia versión" que dan Villarejo y los informadores "ya es delito", puesto que el exmando policial también admitió que recibió la información de los dos periodistas, si bien, desde su versión, fueron ellos quienes se la ofrecieron y no él quien la requirió.

De la misma forma, se ha referido a la entrada y registro del domicilio de Villarejo, donde se encontraron dos carpetas con los nombres Dina 2 y Dina 3, que fueron creadas en abril y julio de 2016, respectivamente.

"En dichas carpetas se alberga una multitud de información de una ciudadana que es identificada como Dina Bousselham, que contiene datos de carácter personal, datos bancarios, fotografías de carácter íntimo o comunicaciones con terceros", ha agregado, asumiendo al mismo tiempo el relato de los investigadores y peritos, a quienes ha otorgado credibilidad.

El representante del Ministerio Fiscal ha defendido la petición de indemnización de 5.000 euros para Dina Bousselham y de 1.000 para Pablo Iglesias. En ese punto, sin embargo, ha dicho que "no existe justificación" para el hecho de que Iglesias tardara seis meses en devolverle la tarjeta a su exasesora desde que directivos de un medio de comunicación le hicieron entrega de la misma.

"El Ministerio Fiscal entiende que debería haberse devuelto, efectuado una devolución inmediata, y que esa tardanza en la devolución implica que la condición de perjudicado se difumine", ha agregado.

"INEXISTENCIA" DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

Los abogados de Bousselham e Iglesias han coincidido en señalar la "inexistencia" de investigación policial de Villarejo, a la que se ha aludido en el juicio, que justificara "cualquier tipo de apoderamiento, selección y entrega" de la información del teléfono de la exasesora de Iglesias. Como el Ministerio Fiscal, han considerado probados los hechos a través de las declaraciones testificales y las pruebas periciales y documentales.

Mientras tanto, la representación legal del comisario jubilado ha mantenido la versión del acusado, que manifestó que fueron los periodistas los que le ofrecieron el 'pendrive' y no él quien lo reclamó, y que lo revisó de forma rápida únicamente para comprobar si había indicios de supuesta financiación ilegal en Podemos y de la mencionada reunión en Venezuela con miembros de ETA, dos pistas que seguía.

Como hizo el propio Villarejo durante su declaración, el letrado ha negado que su representado filtrara la información a medios de comunicación, por lo que ha reclamado la libre absolución.