Los partidos quieren limitar el secreto de sumario y ampliar el secreto de las actuaciones judiciales
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales han censurado el "oscurantismo" con el que los grupos parlamentarios han incluido medidas que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el proyecto de Ley de agilización procesal. A su entender, afecta a cuestiones de tal trascendencia que deberían haber estado sometidas a "un amplio debate" con miembros de la carrera fiscal y judicial.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados celebrará este miércoles una reunión a puerta cerrada en la que debatirá sobre el proyecto de Ley de medidas de agilización procesal. En sus enmiendas, los partidos abogan por limitar la filtración de asuntos judiciales, de forma que las resoluciones, las diligencias de investigación y los escritos de las partes sean secretos hasta la apertura de juicio oral, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.
En este sentido, reclaman que el abogado, el procurador o el funcionario público que incumpla la obligación de mantener en secreto esta información sea sancionado de acuerdo a su respectivo régimen disciplinario y hacen hincapié en que sólo el juez instructor pueda autorizar que salgan a la luz los escritos de las partes.
Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo Fiscal celebrará este jueves una reunión extraordinaria cuyo único punto del día será examinar las enmiendas propuestas por los grupos, que también coinciden en fijar un límite de tiempo del secreto de sumario, el cual consideran que debe durar entre los seis meses y los dos años para casos de terrorismo o criminalidad organizada.
NO SE HA CONSULTADO AL GARANTE DE LA LEGALIDAD
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Pilar Jiménez, ha llamado a los grupos a "reflexionar" sobre el hecho de que no hayan sometido estas propuestas a "un debate más amplio con todas las partes que están en juego" y, especialmente, con el Ministerio Público, que es "el garante de la legalidad".
"Los miembros de la carrera fiscal nos hemos encontrado con unas enmiendas que no han sido consultadas y que obedecen a una intención muy interesada de buscar un sistema inquisitivo de la Justicia", ha señalado la presidenta de la asociación, que ha recordado que deberían haber sido incorporada en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El diputado socialista Julio Villarubia afirmó la semana pasada que "en próximas fechas" esta norma será presentada en la Cámara Baja.
En cuanto al proyecto de ley de agilización procesal, ha denunciado que se proponga suprimir el recurso de reforma o "los recursos en sentencias absolutorias en juicios de faltas". "Se da un poder exagerado y desorbitado al juez", ha añadido.
De igual modo, ha criticado que se eleve a 800.000 euros la cuantía de los pleitos económicos que revise el Tribunal Supremo en casación al entender que el colapso de la Justicia "no se resuelve suprimiendo los recursos" sino, más bien, agilizando la vía administrativa.
Por otro lado, ha visto con buenos ojos que se fije un plazo de tiempo para el secreto de sumario aunque ha tildado de "aberración" que pueda haber actuaciones secretas para el Ministerio Fiscal.
"GRAVE QUEBRANTO DE LAS GARANTÍAS"
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales ha criticado la pretensión de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la vía de enmiendas a una ley de naturaleza especialmente civil y contencioso administrativa, "sin que se haya escuchado" al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Como fiscales exigimos que la reforma de una ley tan trascendental, y que afecta a derechos fundamentales regulados en la Constitución Española se realice sin oscurantismo, y respetando los cauces oportunos, incluida la reserva de Ley orgánica en los casos que proceda", expone la Unión Progresista de Fiscales en un comunicado.
A su juicio, es inadecuado introducir unas reformas que "no respetan" el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, encargado de velar por los derechos de los ciudadanos y por la independencia de los tribunales, o de informar a la opinión pública. "No podemos aceptar ninguna propuesta que signifique un retroceso de estas funciones, o que demuestre una desconfianza inaceptable hacia la institución del Ministerio Fiscal", añade.
Al igual que la Asociación de Fiscales, critica que incorporen estas medidas ante la "inminente conclusión" de los trabajos de redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A su entender, la "excesiva" restricción al sistema de recursos supone "un grave quebranto" a las garantías de los imputados y de las víctimas. "Consiguiéndose con ello sostener o incluso empeorar el modelo actual, con el objetivo de beneficiar a unos pocos", concluye.
