GRANADA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una "investigación penal" para esclarecer los hechos recogidos en la denuncia presentada por el presidente del PP de Otura (Granada), Ignacio Fernández, contra el alcalde del municipio, el socialista Francisco Chávez y contra el secretario local del PSOE en esta localidad, David Anguita, por los presuntos delitos de "prevaricación" y "sobre la ordenación del territorio".
Según informó el PP en una nota de prensa remitida a Europa Press, el fiscal ha requerido al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) un informe para saber si existe autorización para la construcción denunciada, si existe el barranco y si no se respeta la zona de servidumbre de cinco metros de distancia.
Asimismo, resuelve practicar las diligencias de investigación para que el alcalde, en el plazo de diez días, alegue lo que a su derecho convenga sobre los hechos denunciados y solicita al secretario del Ayuntamiento que presente el Acta de la Comisión de Gobierno de fecha 31 de enero de 2000, por la que otorga licencia de obras a la esposa de David Anguita, ex concejal de urbanismo, así como un informe jurídico y técnico de la licencia.
Por último, el fiscal solicita a la Guardia Civil para que informe sobre los hechos denunciados, así como que proceda a notificar la denuncia a David Anguita y a su esposa.
Los hechos, con "apariencia delictiva" según el fiscal, se remontan al 31 de enero del año 2000, fecha en la que el Ayuntamiento de Otura procedió a conceder la licencia de obras solicitada por la esposa de uno de los denunciados, David Anguita, entonces concejal de Urbanismo.
Según explicaron los populares, dicha licencia de obras se concedía sobre una parcela que linda con un barranco y quedó supeditada a la obtención de una autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que, según precisaron, "hasta la fecha no se ha producido". En 2005 la esposa de David Anguita solicitó una autorización para elevar una planta sobre la edificación ya existente y entonces la CHG emitió una resolución en la que condicionaba la autorización a que se mantuviera la servidumbre de paso anteriormente citada.
Según ha manifestado el fiscal en su informe, "es evidente que los hechos brevemente expuestos en la denuncia, en principio, pudieran revestir el carácter de delito de prevaricación del artículo 320 del Código Penal y un delito de ordenación del territorio del artículo 319.1", según aseguró el PP-
Ignacio Fernández, candidato a la alcaldía de Otura, afirmó hoy que "hay que ser muy respetuosos y cautos con la investigación abierta por la Fiscalía", si bien consideró que tanto el alcalde como el secretario local del PSOE "deberían dimitir inmediatamente ya que hay indicios de delito".
