MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal Pedro Rubira ha restado importancia en la Audiencia Nacional a las declaraciones efectuadas por el ex policía José Amedo en las que responsabilizaba al ex presidente del Gobierno Felipe González de la creación de los Grupos Armados de Liberación (GAL). "Este tribunal ya está acostumbrado a escuchar al señor Amedo decir que la culpa la tiene el presidente del Gobierno", ha asegurado en el juicio contra el ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo.
El representante del Ministerio Público, que considera que no existen "pruebas directas" que relacionen a Planchuelo con dos atentados cometidos en 1986 contra los bares franceses 'Batxoki' y 'Consolation' --por los que se le juzga desde el pasado lunes-- ha agregado: "No se puede ir con estos indicios e imputar a un presidente del Gobierno".
Además, ha recordado que en relación con los GAL ya se han dictado varias resoluciones que apuntan a que el delito imputable a los funcionarios de policía sería, en todo caso, el de asociación ilícita.
Planchuelo ha aprovechado su derecho a la última palabra para declararse inocente ante el tribunal. "Aprovecho este derecho para decir que me declaro inocente", ha dicho, además de precisar algunos de los datos ofrecidos por los testigos que han declarado durante el juicio.
Por su parte, la representante de Acción Popular contra los GAL, Begoña Lalana ha rebajado su petición de penas de los 114 años iniciales a 99. Así, pide ahora 9 años por pertenencia a organización terrorista y 15 por cada uno de los seis delitos de asesinato en grado de tentativa. Solicita también que se aplique la eximente de dilaciones indebidas.
Lalana ha defendido la existencia de pruebas suficientes para condenar a Planchuelo. La letrada de la acusación ha asegurado que los 30 asesinatos, detenciones ilegales y lesiones ocasionados durante el periodo de actuación de los GAL constituyen "una nota de permanencia" que justificaría una condena contra el ex policía por un delito de pertenencia a banda armada.
Ha agregado que la munición utilizada en las dos acciones procedía en su mayoría de la Fábrica Santa Barbara, o sea, era "munición oficial española". En su informe, la acusación ha repetido en varias ocasiones de los ataques contra los dos bares del sur de Francia fueron fruto de una trama de "terrorismo de Estado".
La letrada ha explicado que es evidente que la intención de los grupos era la de "presionar a Francia" y ha indicado que "no se puede coaccionar a un país para que cambie su política por muy legítimo que eso fuera".
"Hubiera podido suponer un quiebro en las relaciones de nuestro país con los de su entorno", ha dicho y ha advertido que "no se puede atentar contra la vida de persona bajo ninguna circunstancia ya este hecho subvierte el orden constitucional".
El abogado defensor de Planchuelo, José Aníbal Alvárez, ha defendido que su cliente no ha tenido "participación de ningún tipo" en los hechos de los que se le acusa. "No puede ser responsable y mucho menos 25 años después", ha dicho.