Fiscalía cree que la semilibertad de los expresidentes de FGC "no es ajustada a derecho"

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto porque "no es ajustada a derecho" a la semilibertad --tercer grado-- que la Generalitat ha concedido a los dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC) condenados por malversación, Enric Roig (1993-1999) y Antoni Herce (1999-2000).

Por eso ha pedido en sendos escritos remitidos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 6 "que revise la legalidad de dicha resolución" y se acuerde un segundo grado para los dos malversadores, condenados a cuatro años y medio de prisión, donde ingresaron el 21 y 22 de mayo.

La Fiscalía cree que ambos mostraron arrepentimiento "más por temor al castigo que al rechazo de la actividad delictiva" --además de forma parcial--, que se aprovecharon de sus altos cargos en FGC para cometer delitos que define de 'guante blanco', y que lo hicieron por un afán de lucro.

La Secretaría de Servicios Penitenciarios de la Generalitat acordó el 5 de julio el tercer grado para los dos malversadores --cuando solo llevaban 44 días en prisión-- después de que la Junta del Tratamiento del Centro Penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), así lo valorase el día anterior.

La Fiscalía cree que la Generalitat no ha valorado adecuadamente los aspectos a tener en cuenta para conceder un tercer grado (como el historial familiar, el delictivo y la duración de las penas) y que su decisión "carece de fundamento".

Recuerda que el Código Penal obliga, para dar el tercer grado, a que los condenados hayan pagado toda su responsabilidad civil, como condición 'sine qua non', que son requisitos que no cumplen los dos expresidentes.

Los dos están condenados al pago conjunto de 2,7 millones de euros, de los cuales han consignado 98.356 euros, y manifestaron su compromiso de pagar mensualmente 200 euros, situación que la Fiscalía ve "notoriamente insuficiente".

MEDIDA "EXCEPCIONAL"

La Fiscalía reitera lo excepcional de que se conceda la semilibertad a internos que no han cumplido la cuarta parte de la condena, y recuerda que esta clasificación permite a los delincuentes no permanecer en la cárcel más de ocho horas al día --generalmente solo para dormir-- con "escasísimas posibilidades reales de tratamiento y vaciando en gran medida el contenido de la pena impuesta".

Roig y Herce fueron condenados a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos --después de que el Tribunal Supremo rebajase la pena impuesta por la Audiencia de Barcelona-- y entraron en prisión después de que el Gobierno central, el 19 de abril, le denegase el indulto por malversación de fondos públicos.

Además de la pena de prisión, Roig y Herce fueron condenados por el Supremo a indemnizar con 2,71 millones de euros a FGC, y a la inhabilitación de ocho años y seis meses por los delitos continuados de prevaricación con concurso de un delito continuado de malversación.