El PP pide la dimisión de Sánchez y tilda el municipio de Atarfe como "la Marbella granadina"
GRANADA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, y al arquitecto municipal por la posible comisión de un delito de prevaricación en la redacción de un estudio detalle que modificó la edificabilidad y la densidad de unos terrenos que adquirieron cinco empresas en el denominado Paraje del Acequión.
La modificación del planeamiento supuso que se pasara de un techo edificable de 24.487 metros cuadrados con un límite máximo de 152 viviendas a un techo edificable de 43.483 metros cuadrados sin límite máximo de viviendas, "de forma absolutamente injustificada y groseramente ilegal", lo que, según el fiscal, "no sólo contradice lo dispuesto en el plan parcial y las propias normas subsidiarias, sino la propia Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA)".
En el decreto, facilitado a Europa Press, el Ministerio Público considera que la situación de origen de los terrenos, comprendidos en el subsector SR3, podría haber sido "ilícitamente alterada" en beneficio de los particulares relacionados con el proceso de urbanización y promoción "en una infracción flagrante de los parámetros urbanísticos aplicables y un futurible detrimento de los servicios de colectividad, que quedarían por debajo de los estándares legales".
En ese sentido, señala que la posible ilegalidad con relevancia penal viene determinada por la utilización del estudio detalle como un "instrumento de planeamiento inidóneo" que permitiría "sortear" los controles fijados por el ordenamiento urbanístico y un "irregular" proceso de modificación del cómputo de la edificabilidad "sin más finalidad posible que el favorecimiento de las promotoras beneficiadas en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos".
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento suscribió con dos de las promotoras beneficiarias de los terrenos --que eran propiedad de una fundación benéfica-- sendos convenios que modificaban el plan parcial aprobado en 2001, que establecía una superficie total del subsector de 34.990 metros cuadrados, un coeficiente de edificabilidad del 0,70 y una densidad de viviendas de 43,44 por hectárea.
Estos convenios, por sí mismos, en nada afectaban a la ordenación urbanística vigente, sino que posteriormente fue la figura elegida para la innovación del planeamiento por el alcalde y el arquitecto, el estudio detalle, la que tuvo el único objetivo de la "omisión de todas las garantías y controles externos de legalidad que podían llegar a frustrar los acuerdos alcanzados con los promotores", llegando incluso para ello a la "privatización de los viales", incluyéndolos en la superficie sobre la que se calcula el cómputo de edificabilidad.
DÉFICIT EN EQUIPAMIENTOS
Así, el fiscal considera además que el aumento de la edificabilidad ha podido conllevar una futurible disminución de las dotaciones y equipamientos públicos, el incremento de 18.996 metros cuadrados supone un déficit equipamental de 2.795, a razón de 515 de espacios libres y 2.180 de equipamiento.
"El aumento de aprovechamiento urbanístico mediante estudio detalle defrauda todas las garantías aplicables, realizando un cambio tan trascendente y lucrativo económicamente para la inmobiliaria y la promotora beneficiarias de forma manifiestamente ilícita con la sola intervención del pleno municipal, guiado por la decisión adoptada por el alcalde firmante de los convenios y autor de la resolución y la cobertura --burda por otra parte-- dada por el arquitecto municipal", señala el Ministerio Público, que considera que, por tanto, "podemos estar ante la resolución arbitraria típica de la prevaricación".
Para el fiscal es "tal el absoluto desprecio" por la ordenación aplicable, que los hechos investigados revelan por parte del arquitecto y alcalde implicados "que ni siquiera tienen reparo en incluir en el estudio detalle suelos que pertenecen a otros sectores no desarrollados mediante plan parcial y que, por tanto, no pueden ser urbanizados".
Asimismo, no sólo advierte de que la ordenación urbanística haya sido alterada ilícitamente, sino que ésta se trata de una "clara manifestación de urbanismo descontrolado y privatizado", en perjuicio además de la calidad de vida de los ciudadanos, al reducir los equipamientos previstos en la zona.
VALORACIÓN POLÍTICA DEL PP
La denuncia que motivó la investigación de la Fiscalía fue presentada el pasado 21 de mayo de 2008 por el portavoz del PP en el municipio, José Manuel Aranda, que pidió hoy en rueda de prensa la dimisión del primer edil, que ha sido denunciado en varias ocasiones por diferentes asuntos por el Ministerio Público.
Por su parte el diputado provincial del PP Antonio Granados volvió a aludir a las "cacicadas permanentes" del alcalde de Atarfe y dijo no entender cómo el secretario general de los socialistas granadinos, Francisco Álvarez de la Chica, cuando lo que sucede en el municipio "es lo mismo que sucedió en Marbella cuando comenzó la Operación Malaya". "Las diferencias entre Marbella y Atarfe es que Marbella tiene mar y Atarfe tenía Vega", dijo.
Asimismo, como el fiscal ordena en el decreto que se le dé conocimiento del contenido del mismo a la Inspección Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Granados confió en que la Administración Pública "se entere de una vez de las barbaridades que se cometen en Atarfe".
"Llevo esperando tres años y medio a que Álvarez de la Chica se quite la venda de los ojos y se lave la cara por higiene democrática y vea lo que está sucediendo en la provincia", señaló Granados, que pidió al PSOE el cese de Sánchez o que le pida que dimita.
