MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó hoy al juez Fernando Grande-Marlaska el archivo de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra la alcaldesa de la localidad de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, por un delito de enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo y humillación a las víctimas, al mantener el nombre del etarra José Manuel Aristimuño para designar un parque de la localidad.
En el escrito remitido a Grande-Marlaska, hecho público hoy, el fiscal responsable del caso, Pedro Rubira, destaca que ninguna de las personas contra las que se dirige la querella participó en la adopción del acuerdo municipal y la colocación de las placas con los nombres de las calles que se cuestionan.
El Ministerio Público pone, además, de manifiesto que la Audiencia Nacional no es competente en este caso para investigar los hechos. Indica que la asociación debe emplear "los recursos legalmente establecidos ante la jurisdicción competente para revisar los actos de las corporaciones locales", es decir, la jurisdicción contencioso-administrativa.
Aristimuño, que murió en un enfrentamiento con la policía en 1981, fue declarado un año después hijo predilecto de Hernani. El consistorio de la época decidió asignar el nombre del etarra a un parque de la localidad que, a día de hoy, continúa llamándose de la misma forma.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya rechazó el pasado 14 de abril admitir a trámite una querella similar contra el Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Arrigorriaga por imponer el nombre del histórico miembro de la banda terrorista ETA José Miguel Beñaran, alias 'Argala', a una plaza del municipio.
El magistrado explicaba en su auto que la decisión de poner nombre a una avenida, calle, plaza etc "es una decisión puramente administrativa que compete al Ayuntamiento respectivo". "Pues bien, si un ciudadano no está de acuerdo con tal decisión lo que debe hacer es dirigirse al mismo a tal efecto solicitando lo que estime oportuno", añadía el juez.
Dignidad y Justicia acusó a un total de nueve ediles de distintos ayuntamientos del País Vasco de cometer un delito de enaltecimiento y justificación del terrorismo y humillación a las víctimas al mantener el nombre de etarras para designar algunas de las calles y plazas de sus pueblos.
OPROBIO Y HUMILLACIÓN
Según explicaba la querella interpuesta por Dignidad y Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, las víctimas del terrorismo de ETA "además de asumir el asesinato de sus familiares y de asumir el desamparo al que la sociedad las sometió durante años, tienen que soportar el oprobio y la humillación de que numerosas calles, plazas y parques en el País Vasco y Navarra lleven el nombre de los verdugos etarras".
Añadía que "además de tener que lamentar e intentar convivir con la pérdida de un familiar", tienen que soportar cómo "a sus verdugos se les premia con lugares, como calles, parques o plazas públicas, que homenajean sus actos delictivos como héroes".
