MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información celebraron una reunión antes de las elecciones vascas del pasado mes de marzo, semanas antes de que se impugnaran las listas electorales que Askatasuna y D3M presentaron a los comicios autonómicos, para acordar el procedimiento que se iba a utilizar en la entrega de los informes redactados por la Policía, informaron a Europa Press fuentes jurídicas y policiales.
En la reunión, se acordó que la Policía entregara al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dos copias para que éste pudiera de inmediato dar traslado de una de ellas a los fiscales. Al encuentro acudió, encabezando la delegación policial, el comisario general de Información, Miguel Valverde, mientras que en representación del Ministerio Público estuvo presente el fiscal general de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y otros dos representantes del Ministerio Público.
Según las fuentes policiales y judiciales consultadas, en el encuentro quedó acordado el trámite de entrega de los informes, que pasarían siempre en primer lugar por el instructor de la causa, en este caso Garzón, que recababa en aquel momento pruebas sobre las actividades de la formación y agrupación abertzales de cara a su posible suspensión de actividades.
Así pues, las citadas fuentes apuntan a que el Ministerio Público, que abrió el camino para la ilegalización del partido y la agrupación electoral heredera de Batasuna a finales de enero de 2009 a través de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, tenía de hecho acceso a los dossieres policiales que obraban en la instrucción penal emprendida en la Audiencia Nacional.
DEMANDAS SIN RESPUESTA
Según fuentes jurídicas, la reunión fue propiciada con la intención de resolver la falta de respuesta por parte de la Policía a las peticiones de información efectuadas por la Fiscalía. Estas fuentes añaden que a pesar del encuentro, este Cuerpo dejó sin respuesta las nuevas solicitudes fiscales de informes adicionales a los pedidos por Garzón relativos a Askatasuna y D3M, confirmaron fuentes jurídicas.
El fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido denunció ayer que la Fiscalía del Tribunal Supremo debe apoyarse únicamente en la Guardia Civil porque la Policía no atiende habitualmente a las peticiones de su Departamento en relación a la listas que periódicamente pretende presentar a las urnas el entorno de ETA. Según criticó, la Policía responde "sólo" a las peticiones del juez instructor de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del entramado político de la banda, Baltasar Garzón.
Conde-Pumpido hizo estas afirmaciones --sobre las que dijo que ya ha hablado con el Ministerio del Interior-- tras ser preguntado en los desayunos de Europa Press sobre las investigaciones que podrían estar en marcha para averiguar si el entorno de ETA planea presentarse a las elecciones europeas.
"Hemos abierto una diligencia de investigación en la Fiscalía del Tribunal inmediatamente después de que se hayan convocado las elecciones y hemos solicitado a la Guardia Civil, digo la Guardia Civil porque es la que nos ha permitido realmente impugnar ANV y al PCTV, hemos pedido a la Guardia Civil, no a la Policía... explicaba Conde-Pumpido cuando, en ese momento, fue preguntado acerca de esa distinción entre cuerpos.
"Hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor", dijo.
COMPETENCIA DE LA FISCALÍA
Según añadió, "la competencia para la impugnación corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo por lo tanto es la que tiene que recibir directamente los informes que reclama de Guardia Civil y Policía". "En ocasiones no los hemos recibido", denunció.
Añadió, además, que su Departamento se ha dirigido a la Guardia Civil "porque de manera muy puntual y muy concreta en ocasiones anteriores ante la impugnación de la Sala del 61 no se recibieron los informes policiales que se habían pedido". "En este caso se fue a lo seguro, que es el trabajo que ha realizado siempre la Guardia Civil", añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió hablar de "colisión" o "problema puntual entre la función que corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo y el proceso paralelo penal que se sigue en el Juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional". Según reiteró, "la policía debe informar a cada uno de los órganos y la Policía entiende que es suficiente con informar a uno de ellos". "Me refiero al titular del procedimiento penal que en ese caso se estaba llevando", dijo en referencia al juez Baltasar Garzón.
