La Fiscalía reivindica su capacidad para asumir las investigaciones penales frente al "ineficiente" modelo actual

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha reivindicado su capacidad para asumir en el futuro las investigaciones penales frente a un actual modelo "ineficiente", en el que las causas son instruidas por los jueces.

"El actual modelo se ha demostrado claramente ineficiente, sujeto a retrasos, criterios dispares, con deficiencias en la digitalización..., que sólo puede ser superado a través de un cambio transformador de modelo", recoge la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado del año 2025, que ha dado a conocer este jueves la jefa de la institución, Teresa Peramato, en el acto de apertura del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo.

Así, la Fiscalía aprovecha la Memoria para volver a reivindicar su postura de cara a la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Defiende que sus actuaciones desarrolladas hasta la fecha evidencian que "cuenta con una estructura consolidada, una red de especialistas en pleno funcionamiento y criterios homogéneos firmemente asentados" que permiten "asumir con solvencia" el papel central que la reforma legal, de aprobarse, le otorga.

Por ello, el Ministerio Fiscal señala que está "plenamente capacitado" desde el punto de vista "técnico-profesional" para asumir la investigación de los delitos y recuerda que "así lo viene haciendo no solo en la jurisdicción de Menores", sino también en áreas de delincuencia especializada, tales como corrupción, medio ambiente, urbanismo, siniestralidad laboral, extranjería, delitos contra la administración pública, trata de seres humanos o delincuencia económica, "a través de las diligencias de investigación y en las tareas de impulso de los procedimientos judiciales".

"La mayor parte de memorias de las fiscalías de las comunidades autónomas añaden, además, que los miembros de la carrera fiscal ya se encuentran desarrollando una actividad investigadora intensa y proactiva en el seno de las diligencias de investigación, no sólo en estas áreas de delincuencia especializada, sino en todo tipo de actividad delictiva", prosigue el escrito.

La Fiscalía subraya el hecho de que ella misma "inste la totalidad o gran parte de las diligencias de averiguación de los hechos delictivos y de sus posibles responsables" que, posteriormente, "el juez de instrucción acuerda" constituye "un sistema ineficaz".

Para el Ministerio Fiscal, con esta reforma "se dotaría a la investigación penal de mayor celeridad procesal y una especialización que el actual panorama delictual exige para poder dar una respuesta rápida, eficaz, basada en la protección de la víctima y de los principios en los que se asienta el Estado de derecho".

De esta forma, añade, "se estaría acomodando el modelo procesal penal al del resto de los países en los que el fiscal ya tiene otorgada la instrucción" y "se aseguraría la efectividad de una investigación asentada en los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación, ubicuidad y especialización".

Sin embargo, avisa de que esta reforma debe ir acompañada de la "adecuada" dotación de medios personales y tecnológicos, "siendo necesario un aumento de plantilla, así como de funcionarios integrantes de las oficinas fiscales, e incluso aplicaciones informáticas propias que sean únicas para todo el territorio nacional".

PIDE "AUTONOMÍA FUNCIONAL, PRESUPUESTARIA Y FORMATIVA"

"Se estima indispensable igualmente, que se otorgue al Ministerio Fiscal de autonomía funcional, presupuestaria y formativa, así como de un nuevo estatuto orgánico que garantice la plena autonomía en el desarrollo de la función instructora", señala.

Respecto a las diferentes unidades de especialización, la Fiscalía enumera los resultados "favorables" que supondría que controlase y dirigiese "desde su inicio" las investigaciones penales en materias como salud en el trabajo, trata de personas y extranjería, seguridad vial, menores u odio y discriminación, entre otras.

En este contexto, hace especial hincapié en la criminalidad informática, enumerando las ventajas de la figura del fiscal investigador dentro de este área, como la eliminación de la competencia territorial, la cual, en sus palabras, "genera graves disfunciones" en la tramitación de las causas por este tipo de delitos digitales: "Ralentización de la investigación, riesgo de pérdida o deterioro de pruebas, posible reiteración de actuaciones de instrucción y criterios contrapuestos".

"Sólo en el año 2025 se plantearon ante el Tribunal Supremo aproximadamente 500 cuestiones de competencia relacionadas con delitos de estafa y/o defraudación, la mayoría de ellas cometidas en el espacio cibernético; lo que evidencia una situación de colapso procedimental", argumentan.

Otra ventaja fruto de su experiencia como fiscales es, remarcan, la de analizar "con precisión y desde el principio" qué diligencias resultan "realmente útiles" para sostener una acusación "sólida" y cuáles son "prescindibles": "Menos dilaciones, menos burocracia, mayor eficacia y precisión, y una protección reforzada de las víctimas".

ASEGURAR LA PRUEBA DIGITAL, "EXTRAORDINARIAMENTE VOLÁTIL"

También advierten de la importancia de asegurar la prueba digital puesto que es "extraordinariamente volátil"; alertando así de los "retrasos perjudiciales" que generan "las cuestiones de competencia, la falta de especialización tecnológica o la lentitud inherente al modelo instructor actual" y poniendo en valor la "inmediatez" del fiscal unida a su relación "directa" con la policía judicial.

"A efectos de la respuesta penal contra la ciberdelincuencia, la rapidez no es solo una ventaja, es la frontera entre la viabilidad de la investigación y la impunidad", esgrimen. A todo ello, suman la "especialización" y el "conocimiento técnico" que ofrece la figura del fiscal, así como la "coherencia" entre investigación y acusación, y la cooperación internacional que suelen requerir las investigaciones en el ámbito de la ciberdelincuencia.

"Si el fiscal español fuera también el director de la investigación, la comunicación con los fiscales tanto en el marco de la UE como en las múltiples actuaciones que compartimos en otros ámbitos geográficos se desarrollaría en condiciones de igualdad. La ciberdelincuencia no entiende de fronteras, por ello, el sistema de investigación penal tampoco debería entenderlas", sentencia.

Otra objeción habitual se refiere a la complejidad organizativa que implicaría la reforma, ante lo que manifiesta que, si bien "nadie discute" el "gran desafío" que supone esta "ambiciosa" propuesta, "los beneficios estructurales del modelo justifican ampliamente este esfuerzo inicial": "El resto de las objeciones planteadas resultan plenamente superables mediante una regulación precisa, la implantación de un juez de garantías y una dotación suficiente de medios personales y tecnológicos".

"El modelo de fiscal investigador, ya consolidado en la mayoría de los sistemas europeos; la atribución de la investigación al Ministerio Fiscal se revela absolutamente imprescindible para afrontar con eficacia la ciberdelincuencia", concluye.