SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla, el Partido Popular, el Partido Andalucista y la Fundación Mercasevilla imputaron hoy un delito de cohecho a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Antonio Ponce; al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y a la funcionaria Regla Pereira, dentro de la investigación abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza.
Asimismo, y durante la vista prevista por la Ley del Tribunal del Jurado celebrada en la mañana de hoy miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6, el abogado que representa al PSOE imputó únicamente a Mellet y Ponce por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, dejando fuera de las imputaciones tanto a Rivas como a Pereira. Además, el PP pidió que también se impute a Mellet por uso de información privilegiada --delito éste que también imputa a Ponce y Pereira-- y tráfico de influencias, además del delito de cohecho, mientras que acusa a Rivas de los mismos delitos y también de prevaricación.
Así, y según el acta de comparecencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal considera que hay indicios "suficientes" respecto a los cuatro imputados, relatando que, tras conceder la Junta una subvención de 900.000 euros a favor de Mercasevilla para una escuela de hostelería --cuya gestión se había acordado previamente que se encargaría a Restauración Alazar S.L.--, Rivas, "en connivencia" con Mellet, acordó exigir a los responsables de Alazar una comisión de 300.000 euros a cambio de explotar la escuela. Así, sigue el fiscal, el 16 de enero de 2009 los imputados concertaron una reunión con los responsables de Alazar, que se reunieron con Ponce y Pereira, "quienes, conociendo las intenciones de los otros imputados, accedieron a colaborar con ellos con el ánimo de obtener un ilícito beneficio".
"COLABORACIÓN" CON LA JUNTA
Al hilo de ello, la Fiscalía añade que, iniciada la referida reunión, Ponce "exigió" a los empresarios 300.000 euros, añadiendo además que "también tendrían que hacerse cargo de pagar el coste de la instalación eléctrica, de 150.000 euros", a lo que Ponce añadió que dicho dinero "era una contribución a la Junta", y asegura la Fiscalía que estas mismas exigencias "se reiteraron" en una segunda reunión celebrada el 27 de enero, esta vez con la presencia de Mellet y Ponce.
Seguidamente, tomó la palabra el letrado de la Fundación Mercasevilla, quien relata que el 16 de enero Ponce, en presencia de Pereira "y siguiendo las instrucciones de Mellet", exigió al empresario Pedro Sánchez Cuerda la entrega de 300.000 euros y el pago de la nueva acometida eléctrica --150.000 euros--, mientras que el 27 de enero Mellet y Ponce se reunieron con Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas "y volvieron a exigir dichas aportaciones, ello invocando la pretendida necesidad de colaborar con la Junta como supuesta precondición para la definitiva efectividad de la subvención".
Por ello, imputa a los cuatro un delito de cohecho, aunque en el caso de Rivas señala que la aseveración manifestada por Mellet en cuanto a que "siguió" sus instrucciones "no aparece en principio apoyada en prueba de otro carácter", aunque "visto que el fiscal no comparte ese criterio, y sin perjuicio de reservarnos la decisión definitiva de sostener acusación en el momento procesal oportuno", se adhiere a la imputación formal realizada por la Fiscalía. Así, el abogado ha asegurado a los periodistas que, en el caso de que no surjan nuevas pruebas "sólidas", retirará la imputación contra Rivas y Pereira.
Tras la intervención del letrado que representa al PA, que se adhiere a lo manifestado por el fiscal, el abogado del PP realiza un relato de los hechos destacando que el 16 de enero, y tras haberse concedido a la Fundación Mercasevilla la subvención de 900.000 euros para la creación de la escuela de hostelería, "a instancias" de Rivas y Mellet se exigió por parte de Ponce a Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros "como recompensa por la subvención", de los cuales 300.000 "deberían ser entregados en un maletín que se dejaría olvidado en un despacho para que alguien lo recogiera", una petición que se volvió a repetir el 27 de enero, cuando señalaron que los 300.000 euros los pedían "por exigencias de la Junta".
"TRIPLE EXCESO"
Por último, el letrado del PSOE expone que "hay un triple exceso" en la causa, "en el número de personas imputadas, en el importe de las fianzas e indebida tipificación de la actividad delictiva", y se refiere a la reunión mantenida el 16 de enero, en la que "no consta acreditado que, cuando se solicita la comisión, estuviera presente Pereira", mientras que en el caso de Rivas "no figura en ningún momento en el contenido de la grabación ni como excusa de la pretendida estafa cualificada que pretendieron cometer". Así, considera que "de ninguna de las maneras puede sostenerse la declaración de verosimilitud e imputabilidad" respecto a Pereira y Rivas, caso este último en el que "resulta un auténtico sarcasmo su imputación, fundada solo y exclusivamente en el testimonio de Mellet y por referencias de Ponce".
Tras todo ello, le tocó el turno a las defensas, participando en primer lugar el abogado de Mellet, quien llama la atención sobre "la absoluta ausencia de indicios racionales de criminalidad" contra su cliente, y respecto a la imputación de un delito de cohecho, defiende que "en absoluto está acreditado su carácter de autoridad", así como que, "si se entendiera que la cantidad --antes referida-- se solicita como recompensa por la concesión de la subvención, no podemos olvidar que toda la jurisprudencia del Supremo exige que sea para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, pero es obvio que Mellet jamás pudo intervenir en la concesión de la subvención". Por ello, solicita el sobreseimiento para su cliente.
Por su parte, el letrado de Ponce solicita la suspensión de la vista en tanto en cuanto se resuelven por parte de la juez los distintos recursos de reforma planteados contra el auto del 14 de diciembre, en el que se incoa procedimiento por el tribunal del jurado, así como el sobreseimiento para su representado "por no ser los hechos constitutivos de delito", ya que "no ostenta en modo alguno la cualidad de autoridad o funcionario, ni tampoco ostenta cargo alguno en la Fundación Mercasevilla".
"NINGUNA" PRUEBA CONTRA PEREIRA
Asimismo, el abogado de Regla Pereira pide el sobreseimiento provisional y entiende que la juez "debe decidir, para no prolongar el calvario de Pereira, si se ha cometido un delito y si existen pruebas o indicios contra la misma, y no que se continúe para investigar si pudieran aparecer esas pruebas", agregando que "no existe en toda la causa ningún solo elemento, documento, testifical o de cualquier otra naturaleza en que apoyar que Pereira estuviese concertada con los demás imputados para exigir la comisión" referida.
En último lugar tomó la palabra el letrado de Rivas, quien, tras pedir la nulidad del acto celebrado hoy en tanto en cuanto no se resuelva el recurso contra el auto en el que se ordena la incoación del procedimiento, solicita el sobreseimiento libre para su representado, ya que "el más desapasionado y objetivo examen de los elementos y diligencias no permite sostener la participación de Rivas" y "someter" al delegado provincial de Empleo a este juicio "es sencillamente conculcar los más elementales derechos que le asisten y la presunción de inocencia que le ampara".
Una vez intervinieron todas las partes, la juez Mercedes Alaya acordó la suspensión de la presente comparecencia para decidir sobre la nulidad solicitada por el último de los abogados y sobre las cuestiones planteadas por el resto, todo ello a fin de decidir, con arreglo a la Ley del Tribunal del Jurado, sobre la continuación o no del procedimiento.
