MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía vigilará el cumplimiento de las penas de prisión dictadas por el Tribunal Supremo en el caso del proceso independentista en Cataluña y presentará los recursos oportunos en caso de que no esté de acuerdo con los regímenes penitenciarios que se impongan a los exdirigentes catalanes condenados.
Así lo ha advertido este lunes la fiscal general del Estado, María José Segarra, en una comparecencia pública unas horas después de que se hiciera pública la sentencia del 'procés', que contempla penas de prisión entre los 9 y los 13 años por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
Sobre el hecho de que el Supremo haya rechazado aplicar a los condenados el artículo 36.2 del Código Penal, que supondría que tengan que cumplir la mitad de la pena impuesta para poder acceder al tercer grado, tal y como solicitó la Fiscalía durante el juicio, Segarra ha argumentado que el Ministerio Público lo consideró "procedente", al igual que hace siempre en procedimientos en los que se piden más de 5 años de prisión.
En cualquier caso, la fiscal general ha manifestado su "absoluto convencimiento de que Instituciones Penitenciarias actuará de acuerdo a la legalidad y realizará las resoluciones individualizadamente" sobre cada uno de los condenados por el 'procés', y si la Fiscalía considera "no adecuado el régimen penitenciario propuesto, presentará los recursos oportunos al juez de Vigilancia Penitenciaria y al tribunal sentenciador, que tienen las facultades de supervisar las penas privativas de libertad".
LA SEDICIÓN PUEDE INCLUIR LOS FINES DE LA REBELIÓN
Segarra ha comparecido para hacer una primera valoración general de la sentencia del Supremo, que ha rechazado la tesis que siempre ha defendido el Ministerio Público, tanto en la instrucción como en la vista oral, y ha decidido condenar por sedición y no por rebelión. A su juicio, hablar de éxitos y fracasos es ajeno al Ministerio Fiscal".
Pero en cualquier caso, la fiscal general se ha mostrado satisfecha con el resultado de la sentencia porque los hechos probados coinciden "en lo sustancial" con el relato que ha hecho el Ministerio Público y considera que en la resolución queda claro que "el delito de sedición puede incluir los fines de la rebelión, resaltando así la íntima relación entre ambas figuras delictivas".
Esto es porque, según ha subrayado, el Supremo "reconoce la existencia de episodios de violencia en el marco de una movilización ciudadana que se configuró como un alzamiento público y tumultuario que, en última instancia, perseguía la alteración del marco constitucional, que es el presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales".
CONCIERTO DE VOLUNTADES
Segarra también ha destacado que la sentencia "reconoce el concierto de voluntades y el reparto de funciones entre la mayoría de los acusados", ya que "conforme a un plan descrito en distintas hojas de ruta anteriores, se produjo una actuación coordinada de miembros del Govern, del Parlament y de los responsables de las organizaciones ANC y Omnium Cultural".
Además, ha incidido en que los condenados "pretendían impedir la vigencia de las leyes y el cumplimiento de las decisiones judiciales", con el objetivo de "alterar el orden institucional, cuya base no puede ser otra que la propia Constitución". "Y para todo lo anterior, los acusados utilizaron recursos públicos de la ciudadanía, a sabiendas de la manifiesta ilegalidad de sus objetivos", ha apuntado.
Segarra ha valorado que el Supremo se haya mostrado "particularmente concluyente cuando desestima cualquier justificación de estas conductas basadas en un inexistente derecho a decidir, o en una supuesta inviolabilidad parlamentaria que no puede amparar los actos que sirven como vehículo para desobedecer al Tribunal Constitucional". "Una vez más, nos recuerda el Supremo que sin el respeto a la ley no hay democracia", ha aseverado.
Tras calificar la sentencia como un texto "extensa y jurídicamente muy complejo", la fiscal general ha aprovechado su comparecencia para reconocer y valorar el trabajo de los cuatro fiscales que han trabajado en este procedimiento --Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno--, de los que ha dicho que pueden estar "satisfechos" de su labor.
