Forenses afirman que el acusado de matar y descuartizar a su ex pareja "sabía lo que hacía y quería hacerlo"

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

"¡Sabía lo que hacía y quería hacerlo!", fue la contundente frase con la que forenses adscritos a los juzgados de Valladolid definieron la situación en la que se encontraba Eugenio R.R. la madrugada del 1 de marzo de 2006 cuando, según ellos, asestó a su ex mujer, Benita del Valle, una cuchillada en el cuello de 3,7 centímetros de profundidad y horas después se desembarazó del cadáver tras mutilarlo con una sierra de carpintero y arrojar sus pedazos al río Pisuerga.

Los peritos, en la quinta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por el procedimiento de jurado popular, coincidieron al señalar que el procesado, quien reconoce la autoría de la muerte pero mantiene que estranguló a su ex con sus propias manos en lugar de acuchillarla, era plenamente consciente de sus actos pues no tenía alteradas sus capacidades cognoscitivas y volitivas.

Y es que, pese a que el acusado fue incapacitado laboralmente en 1989--era trabajador de Fasa Renault--tras serle diagnosticado un trastorno ansioso de la personalidad, los expertos advirtieron de que dicha neurosis, que se manifiesta en forma de ansiedad, angustias, miedos y otras reacciones somáticas, no alteró "ni siquiera levemente" su imputabilidad el día de los hechos.

"Tiene una patología de base, pero por lo analizado no vemos que en aquellas fechas pudiera haber sufrido un ataque de pánico que le provocara un estrechamiento de su conciencia o un estado crepuscular que le llevara a perder contacto con la realidad", incidió uno de los forenses, quien añadió que prueba de ello es que el acusado recuerda lo ocurrido con todo lujo de detalles.

"VAGO ARREPENTIMIENTO".

Coincidente con ellos, y como un ejemplo más de que el crimen no fue fruto de un arrebato, una psicóloga que realizó a Eugenio R.R. distintas pruebas de inteligencia y de personalidad definió a éste como una "persona reflexiva que no se deja llevar por los impulsos", además de afirmar que durante las charlas mantenidas con él dio muestras de un "vago arrepentimiento".

Los forenses también analizaron la posible causa de la muerte de Benita del Valle, para lo cual se sirvieron de la exhibición de unas diapositivas sobre la cabeza mutilada de la víctima que su verdugo prefirió no mirar. La prueba llevó al magistrado presidente a avisar minutos antes al público de que se iban a proyectar imágenes que pudieran afectar gravemente a su sensibilidad, si bien persona alguna abandonó la sala.

El avanzado estado de descomposición que presentaba el cadáver impidió a los forenses pronunciarse de forma concluyente sobre la causa del óbito, que pudo ser por shock hemorrágico o incluso fruto de una embolia por la entrada de aire en la vena seccionada, si bien los dos peritos sí se mostraron categóricos al asegurar que la herida mortal fue la que la víctima presentaba en el lado izquierdo del cuello y que fue producida por un arma de un solo filo, posiblemente un cuchillo de cocina.

La herida inciso punzante, de 3,7 centímetros de profundidad, afectó a una zona muy vasculada y seccionó la vena tirolingual. En opinión de los peritos, esa lesión presentaba marcadores de vitalidad--denota que se produjo en un momento muy próximo a la muerte de la víctima--y afectaba a una zona "de evidente riesgo", mientras que descartaron la muerte por estrangulamiento, desmontando así la versión del propio acusado.

A este respecto, los forenses recordaron no haber advertido señal alguna en el cuello de Benita del Valle que avalara la hipótesis del estrangulamiento, tan sólo unas pequeñas fracturas postmorten de las astas del tiroides que bien pudieron producirse durante las maniobras de descuartizamiento del cadáver realizadas por el imputado.

El juicio proseguirá mañana. Inicialmente, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado coinciden en solicitar para el acusado una pena de 15 años de cárcel por delito de homicidio, con las agravantes de parentesco y abuso de superioridad. En el caso de la acusación pública, se solicitan igualmente indemnizaciones de 40.000 euros para cada uno de los cuatro hijos de la víctima y del agresor.

Por su parte, y frente a la absolución que solicita la defensa, las dos acusaciones particulares personadas en el caso de Benita del Valle en representación de los cuatro hijos del matrimonio piden para el acusado una pena de 20 años de cárcel por delito de asesinato y, alternativamente, 15 años por homicidio, con las agravantes de alevosía, aprovechamiento de las circunstancias de lugar, abuso de confianza y parentesco, junto con la obligación de indemnizar a cada uno de sus vástagos con 200.000 euros.