El fotógrafo que se negó a entregar fotos de la manifestación de Gerona acepta ahora dárselas a Marlaska

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo que se negó a entregar las fotos de la segunda manifestación de Gerona en la que se quemaron imágenes de solidaridad con dos acusados de injurias graves a la Corona que habían destruido imágenes de Don Juan Carlos y Doña Sofía previamente, se comprometió hoy ante el juez Fernando Grande-Marlaska a dárselas a los Mossos de Esquadra una vez el juez le comunicase hoy en la Audiencia Nacional la orden judicial.

"Yo nunca doy las fotos a la Policía cuando me las pide y así se lo recomiendo a mis alumnos de la Universidad", manifestó el fotógrafo Jordi Ribot después de comprometerse a entregárselas a la Policía Autónoma catalana ahora que el juez Grande-Marlaska le ha indicado personalmente que existe una orden judicial para ello.

Ribot, contra el que no se abrirán diligencias, indicó que ahora ya no le queda "más remedio" que darlas. "Voy a entregar las fotos porque según me ha dicho el juez si no lo hago incurro en un delito de desobediencia", añadió el fotógrafo.

El juez Grande-Marlaska tomó esta mañana declaración a Ribot en calidad de testigo. El magistrado solicitó la entrega de las fotografías para utilizarlas con objeto de identificar a los participantes en el acto antimonárquico.

Este fotógrafo 'freelance' se negó a entregar sus fotos de la manifestación del día 22 en Girona, en la que decenas de personas también quemaron imágenes de los monarcas. En la citación se le recomendaba acudir acompañado de un abogado, ya que se exponía a una posible imputación por un presunto delito de desobediencia.

Ribot había recibido el apoyo del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), cuya Junta Ejecutiva se manifestó en un comunicado "contra las presiones policiales y judiciales sobre los fotógrafos".

El colegio pidió "al conjunto de la profesión" que rechazara el requerimiento judicial: "Porque los periodistas no somos confidentes policiales sino garantes del derecho a la información de la ciudadanía". Para el colegio, este hecho demuestra, "una vez más", que hace falta una regulación "urgente" del secreto profesional periodístico para evitar estas situaciones, que van "en contra del derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural".