La organización, que tiene como patronos a Fernández Campo o Adolfo Prego, cree que el Gobierno sólo reclamará su colocación en Arkaute
MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El miembro de la Fundación DENAES (Defensa de la Nación Española) y el diputado vasco, Santiago Abascal, anunció hoy, en declaraciones a Europa Press, que esta misma semana comenzarán a enviar requerimientos a los organismos públicos que no ponen la bandera en los edificios públicos para que lo hagan. Abascal se mostró convencido de que, tras la sentencia del Tribunal Supremo para que se ice la bandera en los edificios públicos, el Gobierno sólo va a pedir que se ejecute la sentencia en la academia de la Ertzaintza en Arkaute.
La citada Fundación, en cuyo patronato de honor se encuentran Sabino Fernández Campo, Adolfo Prego, Vidal Cuadras, Gustavo Bueno, Jon Juaristi y Amando de Miguel, entre otros, está preparando ya estos requerimientos y comenzará a enviarlos esta misma semana.
Se remitirán, según afirmó Abascal, especialmente a ayuntamientos y diputaciones de Cataluña, País Vasco y Galicia. No obstante, y conscientes de que el requerimiento no sea suficiente, afirman que si el Gobierno no requiere que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo, emprenderán procedimientos contencioso-administrativos.
En este sentido, el portavoz de esta Fundación, explica que ahora es el Gobierno el que tiene legitimidad para pedir que se ejecute esa sentencia, porque la tiene quien presentó el recurso, pero si los recursos los presenta la Fundación, después será ésta quien tenga la legitimidad para reclamar que se ejecute la sentencia.
Previamente a presentar los requerimientos, la Fundación DENAES ha puesto en marcha un plan para animar a los ciudadanos a que avisen de los ayuntamientos e instituciones del País Vasco, Galicia y Cataluña donde no ondea la bandera.
Su idea es que los ciudadanos comuniquen a la fundación, a través de llamada telefónica o mensaje de correo electrónico, aquellas instituciones donde no se respete la ley.
En opinión de Abascal, el Ejecutivo sólo tiene intención de que se ejecute la sentencia del Supremo en la academia de la Ertzaintza en Arkaute, ya que la sentencia tiene su origen en la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la citada academia.
Sin embargo, el portavoz de DENAES considera que la sentencia es de aplicación a todos los edificios públicos. Recuerda que a finales de septiembre finaliza el plazo para que la sentencia se ejecute de forma voluntaria y a partir de esa fecha será el Gobierno quien tenga que reclamar su ejecución si no se pone en práctica.
