La Fundación Ecología y Desarrollo pide que se haga una evaluación ambiental estratégica del proyecto de Gran Scala

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ecología y Desarrollo pidió hoy que se haga una evaluación ambiental estratégica del proyecto de Gran Scala, complejo de ocio y juego que está previsto instalar en la Comarca de Los Monegros, y criticó que hasta ahora el Gobierno de Aragón "haya adoptado unos compromisos sin haber iniciado esa evaluación".

Así lo explicaron en rueda de prensa la directora de Proyección Externa de la Fundación Ecología y Desarrollo, Cristina Monge, y el vicepresidente de Ecología y Desarrollo, José Luis Batalla, en la que presentaron el informe sobre los efectos de la aplicación de la legislación vigente en materia de medio ambiente sobre el proyecto de Gran Scala.

José Luis Batalla indicó que la finalidad de la evaluación ambiental estratégica es "garantizar que las repercusiones previsibles sobre el medio ambiente sean tenidas en cuenta antes de la adopción y durante la programación de los planes y programas" de un proyecto.

Por su parte, Cristina Monge señaló que según la legislación medioambiental, "es obligada la participación real y efectiva del público cuando todavía están abiertas todas las posibilidades en un proyecto, también la posibilidad de no ejecutarlo", algo que estimó que no se ha garantizado hasta el momento desde el Gobierno de Aragón con Gran Scala.

Asimismo, criticó que "la información del proyecto no haya sido puesta a disposición del público" y reclamó al Ejecutivo autonómico la creación de órgano que permita la información y la participación en este proyecto, además de que estimó que el Observatorio creado hasta ahora "sólo sirve para ver lo que está ocurriendo", dando por hecho que el proyecto se hace, y también cómo y dónde se desarrolla.

El vicepresidente de Ecología y Desarrollo, José Luis Batalla, advirtió de que contravenir las disposiciones legales sobre la participación del público en la toma de decisiones ambientales hace posible recurrir ante los tribunales; en este caso sería posible a través de la vía contencioso-administrativa, dijo.

Al respecto, Monge precisó que su organización va a pedir al Gobierno aragonés que se cumplan los requisitos medioambientales y si esto no sucediera "nos plantearíamos qué hacer". En caso de se recurriera, Batalla argumentó que "podría echar atrás el proyecto y llevar a su no realización porque las cosas en este país no se pueden hacer contra las leyes".