MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) podrá disponer de manera gratuita de la asistencia jurídica de los abogados del Estado gracias a un convenio firmado hoy por su presidenta, Maite Pagazaurtundua, con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Este acuerdo permitirá a la Fundación tener tanto asesoramiento del Servicio Jurídico del Estado como representación y defensa "ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales" en los mismos términos previstos para la Administración General del Estado. Según subrayó el ministro, "significa poner al mejor bufete del Estado al servicio de la protección de las víctimas".
El convenio permite además que la Fundación disponga de asistencia jurídica procesal a los miembros de su Patronato y a sus empleados y únicamente establece como límite aquellos casos en los que exista contraposición entre los intereses del Estado y los de la FVT.
La prestación de este servicio por parte de los servicios jurídicos del Estado es posible debido a que la FVT es una entidad estatal y sin ánimo de lucro cuyos objetivos de protección y atención a las víctimas del terrorismo coinciden además con los del Estado.
Además, a diferencia de otros convenios similares suscritos con entidades públicas, la FVT podrá disponer de este servicio de manera gratuita "debido a que su actividad de ayuda y protección a las víctimas del terrorismo, considerada digna de consideración y apoyo, coadyuva a la política seguida desde el Estado de auxilio y soporte a las víctimas para hacer frente a las consecuencias del terrorismo".
El texto firmado hoy tiene una duración de un año, aunque se prorrogará tácitamente si ninguna de las dos partes expresa lo contrario. La Abogacía General del Estado cuenta entre sus competencias con la asistencia jurídica a todo el sector público estatal, en virtud de lo cual en el año 2007 contaba ya con 139 convenios de asesoramiento y asistencia jurídica.
La presidenta de la FVT reconoció que la firma de este acuerdo era "un sueño" porque les otorga "mucha seguridad jurídica" para poder ofrecer un servicio "de calidad y con transparencia", algo que, según subrayó, ayudará a la Fundación a "ir enraizándose y teniendo solidez".
"IMPOTENCIA POR NO HACERLO TODO"
Por su parte, el ministro explicó que, aunque el Gobierno trabaja "todos los días" para ayudar a las víctimas del terrorismo, "siempre se tiene la percepción de que se puede hacer algo más". "Tenemos una percepción de impotencia por no hacerlo todo, siempre hay algo nuevo que inventar", argumentó.
Así, repasó la modificación del Código Penal que está en marcha y recordó que permitirá que los delitos más graves de terrorismo no prescriban y la protección de las víctimas con el alejamiento de los terroristas. Además, apuntó los ocho procedimientos abiertos contra otros tantos ayuntamientos por el mantenimiento de placas en recuerdo de miembros de organizaciones terroristas.
"Esta firma significa poner al mejor bufete del Estado al servicio de la protección de las víctimas a través de la Fundación --subrayó--. Se suma a los más de 130 convenios firmados con entidades públicas pero no es uno más, es un convenio con una raíz y unas connotaciones enormemente especiales".