Garzón.-La acusación pide al TS que requiera a Cepsa información del donativo prestado para conferencias de Garzón en NY

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación popular en la querella admitida a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los 302.000 dólares que supuestamente cobró por gestionar unos cursos de la Universidad de Nueva York, solicitaron hoy al Tribunal Supremo que requiera a Cepsa información sobre el donativo que pudo prestar para unas conferencias en las que participó el juez cuando esta sociedad estaba participada en un 35,9 por ciento por el Banco Santander.

La petición se produce un día después de que el diario El Mundo informara de que Cepsa había reconocido la aportación de 100.00 dólares al Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York en el año 2005 para unas conferencias sobre terrorismo y seguridad en las que participaría Garzón, quien se encontraba en la citada ciudad disfrutando de un permiso de estudios.

No obstante, esta parte ya se había dirigido al Supremo el pasado 17 de marzo para que librara oficio a la petrolera en relación con los donativos que pudiera haber realizado a la Universidad de Nueva York, que en dicho momento cifraba en unos 83.00 euros.

En el escrito remitido hoy, los letrados Mazón y Panea indican que los 100.000 dólares reconocidos por Cepsa suponen una "cuantía sustancialmente coincidente con los honorarios percibidos por el querellado en el periodo de marzo a diciembre de 2005, por lo que instan al alto tribunal a que pida a Cepsa "que aporte todos los documentos y datos que posea en relación al citado mecenazgo".

COMISIÓN ROGATORIA

Por otra parte, y ante la incomparecencia ayer como testigos del director de la Universidad de Nueva York durante la etapa en la que estuvo allí Garzón, James D. Fernández, y la directora ejecutiva del Centro Rey Juan Carlos I, Laura Turégano, que fue la coordinadora de las conferencias dirigidas por el juez durante su estancia en EE.UU, la acusación solicita al instructor de la causa, el magistrado Manuel Marchena, que remita comisión rogatoria al país norteamericano para que ambos declaren por videoconferencia.

Añaden que dicha comisión rogatoria debería incluir también copia íntegra de la contabilidad detallada con sus soportes documentales de los dos patrocinios financiados por el Banco de Santander (Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos en Latinoamérica) en poder del departamento de contabilidad de la Universidad y de la unidad contable del Centro Rey Juan Carlos.

Los letrados querellantes relacionan la percepción de 302.000 dólares por parte de Garzón con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las "cesiones de crédito".

Esta acción penal es la segunda que estos dos abogados presentan contra Garzón por los mismos hechos ante el Tribunal Supremo, que archivó la primera el pasado mes de marzo, aunque acordó deducir testimonio de su resolución al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que archivó este asunto y lo reabrió el pasado mes de diciembre.

Entre la remitida por la entidad bancaria figuraban varias cartas del juez a Botín en las que el primero le agradece a éste el patrocinio de sus conferencias en la Universidad neoyorquina.

Los letrados sostienen que Garzón gestionó y obtuvo 302.000 dólares del Banco Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija y que después intervino en una querella interpuesta contra los responsables de este banco.

La Fiscalía había pedido al Tribunal Supremo que archivara esta querella al ser idéntica a la primera. Por su parte, Garzón niega haber gestionado o administrado los fondos que destinó el Grupo Santander para el patrocinio al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York y asegura que sus ingresos no procedieron de los mismos.

Garzón tiene pendiente en el TS otras dos querellas por prevaricar en la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y otra por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas del "caso Gürtel".