Garzón.- La acusación pide al TS que vuelva a requerir los datos sobre los pagos obtenidos por Garzón en Nueva York

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los abogados que ejercen la acusación en la causa presentada contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los cobros que éste obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, han instado al alto tribunal a que vuelva a requerir al Banco Santander la información sobre el patrocinio que otorgó a estos seminarios.

El Supremo precisa esta información para decidir si admite o no a trámite una segunda querella presentada contra el magistrado por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa.

Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón exigen también que sea el Centro Juan Carlos I de España en la citada universidad -entidad patrocinada por el Banco Santander en cuyo seno se organizaron los cursos- y no la asesoría jurídica de este centro de estudios norteamericano el encargado de contestar a los requerimientos del Tribunal Supremo.

La petición, presentada el pasado viernes ante el alto tribunal, obedece a hecho de que haya sido la Universidad la que haya contestado a los requerimientos judiciales en vez de la fundación Centro Rey Juan Carlos I, a la que se había dirigido el tribunal. "Y la respuesta viene del más bajo nivel, por una simple empleada asesora jurídica", recalca el escrito de los letrados.

Por ello, solicitan a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que "reexpida" el oficio al centro Rey Juan Carlos I, concretamente a su sede en Madrid, a fin de que aporte la documentación solicitada "bajo apercibimiento de posible delito desobediencia" y, en caso de nula respuesta, "se ordene la entrada y registro" en dicha entidad y la "detención de sus directivos".

Con respecto al patrocinador, el Banco Santander, los letrados solicitan que el Supremo le requiera "abajo apercibimiento a fin de que aporte íntegramente la documentación y los datos solicitados", disponiendo en su defecto "la entrada y registro de las dependencias del banco donde se halla el expediente del patrocinio".

EXIGENCIA DEL SUPREMO

El pasado 15 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo instó Santander al "urgente cumplimiento" de la orden que le dio el pasado mes de septiembre para que le remita información sobre el patrocinio que otorgó a los cursos dirigidos por Garzón.

La providencia se dictó al cumplirse un mes del primer requerimiento sin que la entidad bancaria hubiera atendido el requerimiento del alto tribunal. Unos días después llegó una información al Supremo procedente del gabinete jurídico de la Universidad de Nueva York señalando que lo que decía su página web sobre que fue Garzón quien obtuvo los fondos necesarios para los cursos no obedece a la realidad.

Esta acción penal contra Garzón, impulsada por los citados letrados, se produce después de que el pasado 9 de marzo el Supremo archivara una querella por estos mismos hechos y ordenara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los investigara. El órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias informativas contra el juez, pero las cerró el 2 de julio sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria.

Los querellantes justifican este nuevo procedimiento en que la investigación del CGPJ sacó a la luz datos que no se conocían en el momento del archivo de la causa. Entre ellos, destacan que el Banco Santander entregó 302.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York para la organización de los cursos dirigidos por Garzón y que este centro asignó al juez 21.152 dólares para sufragar sus gastos de viaje y 21.650 para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.

A su vuelta a la Audiencia Nacional, según los querellantes, Garzón instruyó y archivó una querella contra directivos del Santander por la presunta apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión.

"SOBORNOS EN ESPECIE, COMO LOS DE CAMPS"

En la nueva querella presentada ante el Supremo, los abogados Panea y Mazón citan el auto que Garzón dictó el pasado 5 de marzo en su investigación sobre la 'Operación Gürtel', en el que hallaba indicios de responsabilidad criminal contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por haber recibido trajes por importe de 12.000 euros de los responsables de la presunta trama de corrupción.

"No aceptó trajes el querellado", afirman los letrados en referencia a Garzón, "pero, según los indicios, sí los sobornos en especie consistentes en los gastos de escolarización de la hija en Nueva York y las asignaciones por viajes con cargo a la dotación del Banco Santander", señalan los querellantes.