MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que informe sobre la conveniencia de autorizar al juez suspendido de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que pueda ejercer de asesor del Gobierno colombiano dentro de la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene en ese país.
Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces han señalado a Europa Press que se trata de conocer si el traslado de Garzón a Colombia puede ser un obstáculo teniendo en cuenta que el magistrado se encuentra incurso en tres causas penales ante el alto tribunal (por investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello, por la gestión de unos cursos en la Universidad de Nueva York y por autorizar escuchas a los abogados de la trama "Gürtel" en prisión).
Una vez que el alto tribunal emita su informe, el asunto será tratado por la Comisión Permanente del CGPJ, que es la que debe emitir la autorización solicitada recientemente por el propio Garzón, según las mismas fuentes. Actualmente, el magistrado cuenta con permiso -que fue prorrogado de forma indefinida el pasado mes de diciembre-, para trabajar como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya.
CONFIRMADO POR SANTOS
El pasado 11 de abril, el propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de visita en España, confirmó que Baltasar Garzón asesorará a su Gobierno colombiano en temas relacionados con el proceso de paz en ese país cuando termine la labor que desarrolla en el TPI.
Durante la rueda de prensa conjunta que ofreció con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos confirmó que Garzón asesorará a su Gobierno dentro de la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene establecida en Colombia en cuanto termine la asesoría que presta en la actualidad al fiscal del TPI Luis Moreno Ocampo.
El pasado mes de diciembre, la Comisión Permanente del CGPJ prorrogó de forma indefinida el permiso concedido Garzón para trabajar para la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con los votos a favor del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles, el voto en contra de Antonio Dorado y la abstención de Almudena Lastra.
A Garzón le había sido concedido en mayo de 2010 un primer permiso de siete meses para trasladarse a La Haya, si bien no se le otorgó el estatus de juez "en servicios especiales" que Garzón había solicitado. Ahora es necesario revisar su autorización y discutir la conveniencia de que pueda ir a Colombia.