MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó hoy su respeto por la decisión del Tribunal Supremo de admitir una querella contra el juez Baltasar Garzón y aconsejó tener en cuenta "los tiempos judiciales" antes de vaticinar su recorrido. En ese sentido, pidió al PP no tensar la cuerda ni adelantar acontecimientos sobre el futuro del magistrado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, indicó que debe respetarse tanto la decisión del Supremo sobre la querella como el procedimiento que ahora se abre y los tiempos judiciales de su recorrido, todo ello "dentro de la normalidad del funcionamiento de las instituciones".
A su juicio, ese mismo respeto deberían aplicárselo los responsables del PP pues considera que "los mismos que se rasgan las vestiduras y resucitan autos de fe" ante otras imputaciones, en velada referencia a la reacción de los 'populares' ante la investigación del 'caso Gürtel' dirigida por Garzón, ahora "se desviven por la descalificación al juez, adelantando acontecimientos y tensando la cuerda de las instituciones antes de saber lo que va a hacer la Justicia".
SIN CAMBIOS EN LA ACCIÓN POPULAR
En cualquier caso, adelantó que la querella presentada por Manos Limpias por la actuación del juez Garzón en el caso de las fosas del franquismo no hará variar la posición del Gobierno en relación con la memoria histórica y su objetivo de reconocer y ampliar derechos a a las víctimas de la dictadura. "No va a cambiar nada --enfatizó--. Vamos a seguir trabajando".
Tampoco prevé cambios en cuanto a la acción popular, el mecanismo utilizado por Manos Limpias para querellarse contra Garzón. Según explicó, es un tema "muy antiguo" sobre el que ha habido mucho debate pero la posición del Gobierno es que la acción popular siga existiendo en nuestra legislación y que sean los jueces quienes vayan decidiendo en cada caso si se utiliza o no correctamente.
"Hay criterios jurisprudenciales y soy partidaria de que se apliquen --aseveró--. La acción popular está en nuestra legislación y debe seguir existiendo y luego tienen que ser los jueces los que eviten el uso fraudulento de esa acción popular. El Gobierno es partidario de su mantenimiento dentro de que su utilización no se haga con fines ajenos a su objetivo, que es establecer garantías al acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos".
OPTIMISMO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON JUECES
Respecto a las negociaciones con las asociaciones judiciales y las movilizaciones convocadas por distintas juntas de jueces, la vicepresidenta se mostró "razonablemente optimista" al observar "voluntad de diálogo".
Aunque admitió que la Junta de Jueces de Madrid ha sido "más dura" que otras, considera que otras provincias ya se han mostrado proclives a superar el conflicto. En su opinión, "se está avanzando" y la posición del gobierno es continuar con el diálogo.
"Jueces y gobierno coincidimos en el reto de modernizar nuestra administración de la justicia y, poco a poco, las dos partes irán encontrando el punto medio para hacer posible un acuerdo razonable", sentenció, subrayando que este asunto sigue siendo una "prioridad" para el Ejecutivo.
