BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justicia de la Generalitat establecerá mayores controles para evitar que personas con recursos económicos suficientes para afrontar un proceso judicial abusen de la justicia gratuita, para así "garantizar el derecho a la tutela jurídica" de quienes realmente lo necesitan.
"Nadie se quedará sin este derecho constitucional (la tutela jurídica), pero que no se aprovechen", señaló la consellera de Justicia, Montserrat Tura, en una rueda de prensa durante la que firmó dos convenios con las presidentas del Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya (CICAC), Silvia Giménez-Salinas, y del Colegio de Procuradores de Tribunales de Cataluña, Anna Moleres.
Tura hizo una mención especial a los infractores de tráfico, ya que algunos de ellos llegan a la comisaría "con una alcoholemia tan positiva que no recuerdan el nombre de su abogado", por lo que son atendidos de forma gratuita pese a haber sido detenidos conduciendo vehículos de gama alta, un "signo externo" que, según la Ley de Justicia Gratuita de 1996, debería ser suficiente para negar el derecho a esa prestación en la mayoría de los casos.
Para ello, la Conselleria se compromete a facilitar la información necesaria para que los distintos cuerpos de seguridad adviertan a los detenidos que deberán abonar los gastos, si no cumplen los requisitos para beneficiarse de la justicia gratuita, es decir, si obtienen ingresos superiores al doble del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que esta año es de 14.473 euros.
Tura, que subrayó la "importante dimensión social" de la prestación, y Giménez-Salinas recordaron que el CICAC seguirá proporcionando abogados del turno de oficio a los detenidos que no tengan un letrado propio, pero les enviarán sus minutas, que se calcula que son de unos 1.000 euros cuando el caso llega a juicio.
Por otra parte, el CICAC realizará cursos de especialización --homologados por la Generalitat-- orientados a los abogados inscritos en el turno de oficio para mejorar su formación sobre la violencia doméstica, extranjería, menores y cuestiones penitenciarias.
La Conselleria dedicará este año 59 millones de euros a la justicia gratuita, un 16,3 por ciento más que en 2007, un porcentaje que responde al incremento de la actividad y del IPC. De éstos, el Colegio de Procuradores recibirá 4,5 millones de euros, mientras que el resto serán para el CICAC.
El convenio con el Colegio de Abogados establece cuatro nuevos supuestos de compensación económica para los letrados que hasta ahora no estaban regularizados, como la ejecución de las sentencias, las apelaciones a los juzgados contenciosos-administrativos, las medidas provisionales coetáneas en procesos matrimoniales y los informes de insostenibilidad de la pretensión.
Finalmente, la consellera explicó que los convenios dan una paso más para la normalización lingüística ya que, por primera vez, "establecen con claridad" que se atenderá a los beneficiarios de la justicia gratuita en cualquiera de las dos lenguas oficiales en Cataluña.
