BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Cataluña invertirá 25,9 millones de euros en nuevas tecnologías para la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat para "agilizar tanto como sea posible" la entrada, el seguimiento y el control de las causas que lleguen al nuevo complejo judicial, afirmó hoy la consellera de Justicia, Montserrat Tura.
Con esta apuesta por las nuevas tecnologías y la informatización, la consellera se suma así a "las voces que se escuchan con fuerza últimamente reivindicando la necesidad de convertir la Justicia en un servicio público" al mismo nivel que la Educación y la Sanidad, explicó Tura, quien también pidió a los magistrados y al resto de personas que trabajarán en la Ciudad que "utilicen todas los servicios que tendrán a su alcance".
Las 100 salas de vistas del complejo judicial contarán con sistemas de grabación y reproducción digital, en el vestíbulo principal --que une los distintos edificios-- habrá pantallas informativas sobre la progresión de los juicios, y todos los magistrados, secretarios judiciales y el resto de personal --hasta 3.000 personas-- tendrán a su disposición ordenadores, impresoras, Internet y demás facilidades tecnológicas.
Durante una visita con los periodistas que trabajarán en el nuevo complejo, Tura informó también de que su Conselleria destinará 11,5 de los 283,26 millones de euros que costará el complejo a mobiliario para las 100 salas de vistas y los 153 Juzgados de Instrucción, de Menores, de Familia, Penales, Civiles, de Primera Instancia y Mercantiles de Barcelona y L'Hospitalet, así como para las dependencias de la Fiscalía Superior de Catalunya y de Menores.
Entre otros, se han comprado 4.658 mesas, 8.903 sillas y 6.003 armarios para rellenar los 233.345 metros cuadrados con los que cuenta el complejo judicial, que dispone de un archivo de 50 kilómetros lineales y un salón de actos con capacidad para 500 personas y convertible en casos "excepcionales" en una macro sala de vistas.
La creación de la Ciudad de la Justicia se enmarca en el Plan de edificios judiciales 2004-2008, que prevé la construcción de 30 nuevos sedes judiciales, que costarán 458,2 millones de euros, y la ampliación y rehabilitación de otros 15, lo que supondrá una inversión de 49,2 millones de euros.
El traslado de los juzgados barceloneses --los de L'Hospitalet funcionan desde febrero-- se realizará a partir de mayo y durará hasta septiembre, pues la actividad judicial se paraliza en agosto. La mudanza se realizará durante el fin de semana para que los lunes ya puedan trabajar a pleno rendimiento.
Los primeros en cambiar de ubicación serán los de Menores y los de Ejecutorias penales, junto a la Fiscalía Superior y la de Menores, que lo harán en mayo. En junio será el turno de los Juzgados Penales y de Instrucción, así como la clínica forense, y en julio, los de Violencia Doméstica, Mercantil, de Vigilancia Penitenciaria y algunos de Primera Instancia, como los de Familia y los de Incapacitaciones --el resto llegarán en septiembre--.
Fuera de la Ciudad de la Justicia quedarán los Juzgados Sociales y Contencioso-administrativos, ya que, en su momento --cuando Tura aún no ocupaba su cargo actual--, se acordó construir edificios de protección oficial para jóvenes en parte del terreno donde se encuentra el gran edificio judicial. La consellera recogió esa decisión "de manera positiva" y hoy aseguró que esas jurisdicciones tienen un "funcionamiento diferenciado" y "aquí hubieran sido colocadas de manera forzada".
Estos órganos judiciales serán trasladados, junto a la Audiencia de Provincial, al nuevo edificio que se construirá en el paseo Lluís Companys donde actualmente hay los Juzgados de Instrucción y Penal. Tura explicó que su Conselleria está ultimando con el Ayuntamiento de Barcelona un acuerdo sobre el espacio que debe ocupar la futura sede judicial.
Cuando se haya trasladado la Audiencia, no antes de tres años, el Palacio de Justicia albergará la Fiscalía Superior de Catalunya, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el futuro Consejo de la Justicia de Cataluña, que prevé crear el Estatut.
