BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat y el Estado llegan mañana, 9 de agosto, sin haber cerrado ningún acuerdo en cuanto a financiación autonómica. Desde el Gobierno central y el PSOE, emplazan a otoño para consensuar la financiación autonómica, y aseguran que las bases que presentó el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, a mediados de julio, cumplen con el modelo financiero del Estatut.
Todo lo contrario opinan desde el Govern y CiU, que han optado por hacer un frente común en la materia. Así, mañana, el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, convocará a las 10.30 horas en la conselleria una reunión de la parte catalana de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Dicha comisión es, precisamente, la que debía acordar de forma bilateral con el Estado la nueva financiación antes del 9 de agosto, según establece el artículo 201 del Estatut.
Posteriormente, a las 11.00 horas, también en la conselleria, empezará un nuevo encuentro, esta vez entre el conseller Castells, la parte catalana de la Comisión Mixta y los tres representantes de asuntos económicos de CiU: Francesc Homs, Antoni Castellà (UDC) y Antoni Fernández Teixidó.
Al evento no acudirán representantes del PP catalán y C's, que se reunirán el lunes con el conseller Castells para hablar de financiación. Los populares catalanes reivindican una mejor financiación para Cataluña, pero creen que tiene que consensuarse entre todas las autonomías de régimen común, y no de forma bilateral entre la Generalitat y el Estado --como establece el Estatut, contra el que presentaron un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) aún pendiente de resolución--. Al recurso del PP, se suman otros presentados por el Defensor del Pueblo u otras autonomías gobernadas por los populares.
Según avanzó el rotativo barcelonés 'La Vanguardia' el pasado lunes, el fallo del TC dejará claro que la Generalitat "no puede sustraerse al sistema general pactado con todas las autonomías" en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y no tendrá un sistema equiparable a los forales, como el del País Vasco y Navarra, "ni en el fondo ni en la forma". De esta forma, desaparecerían del Estatut aquellos artículos que establecen en determinados ámbitos, entre ellos la financiación, una relación de bilateralidad entre Cataluña y el Estado.
De hecho, la voluntad del Gobierno central de retrasar el acuerdo de financiación en Cataluña hasta otoño han hecho estallar las alarmas en Cataluña. En este sentido, el diputado de CiU Francesc Homs advirtió de que "el aplazamiento de las negociaciones tiene que ver en parte a la esperanza de que el TC haga el trabajo sucio" y proceda a recortar el texto.
TRIPARTITO Y CiU: EL GOBIERNO INCUMPLE EL ESTATUT
Con el evento previsto para mañana, el Govern y CiU escenificará así su rechazo al incumplimiento del Estatut, texto refrendado en junio de 2006 por los catalanes en referéndum, y que entró en vigor el 9 de agosto de ese mismo año.
En su disposición final primera, el Estatut establece que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat tiene que concretar "en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Estatut" el título de financiación, cuyos preceptos "se pueden aplicar de manera gradual" en un plazo de cinco años.
El Estatut establece un modelo de financiación propio para Cataluña, que debe consensuarse de forma "bilateral" entre el Estado y la Generalitat en el marco de la Comisión Mixta, aunque ello no significa que posteriormente este acuerdo pueda extrapolarse al resto de comunidades autónomas de régimen general --todas salvo País Vasco y Navarra--.
Según esta ley orgánica, "la financiación de la Generalitat se rige por los principios de autonomía financiera, coordinación, solidaridad y transparencia", y también por "los principios de suficiencia de recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional" entre el Estado y la administración catalana.
LÍMITES A LA SOLIDARIDAD
El Estatut concreta que la financiación de la Generalitat "no tiene que comportar efectos discriminatorios" para Cataluña en relación a otras autonomías. Entre los aspectos que más polémica han suscitado durante las últimas semanas sobre el Estatut, destaca el artículo 206, que establece que el Estado tiene que garantizar "la nivelación y la solidaridad" entre las comunidades autónomas, para que la educación, la sanidad y otros servicios sociales "esenciales" tengan los mismos niveles de calidad en todo el Estado.
También establece que la "población" es la "variable básica para determinar las necesidades de gasto" de la Generalitat, y que "el Estado debe garantizar que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas por cápita entre las autonomías antes de la nivelación".
Desde el Gobierno central, se sigue insistiendo en que la propuesta de financiación que presentó a mediados de julio su vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, respeta todos los estatutos de autonomía vigentes, también el catalán, algo que ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de esta semana la 'número tres' y secretaria general del PSOE, Leire Pajín.
DISCREPANCIAS ENTRE LAS AUTONOMÍAS
Las diferentes comunidades discrepan abiertamente sobre cuáles son los servicios públicos que hay que garantizar que su calidad sea la misma en todo el Estado. Todas las autonomías coinciden en que hay que actualizar el sistema actual --basado en el padrón de 1999-- y disponer de más autonomía fiscal, pero discrepan en los criterios que deben primar en el reparto de recursos del Estado entre comunidades, así como si hay que limitar o no la llamada solidaridad interterritorial.
Pese a las diferencias, por ahora se elude utilizar expresiones como el 'frente común' en la materia.
Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares --las tres comunidades con más déficit fiscal, según las balanzas fiscales publicadas a principios de julio-- piden que la población sea el criterio fundamental en el reparto de fondos, incluyendo también los sobrecostes que causan para los ejecutivos autonómicos fenómenos como el aumento de la población por la inmigración o el turismo.
Las siete comunidades autónomas que se reunieron la semana pasada en Asturias --Galicia, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Cantabria, y la misma Asturias-- piden que la población cuente entre el 70 y el 80% del reparto, y que se tengan en cuenta factores como el envejecimiento y la dispersión geográfica, y además, rechazan los límites a la solidaridad establecidos en el Estatut catalán.
Finalmente, Castilla-La Mancha y Andalucía --ambas gobernadas por el PSOE con mayoría absoluta-- proponen introducir variables como el porcentaje de jóvenes en edad escolar o la salud de la población, y también rechazan limitar la solidaridad.
De hecho, los distintos puntos en común entre las autonomías no obedecen a que estén gobernadas por el PP o el PSOE. Así, en el caso del bloque mediterráneo, Cataluña y Baleares están gobernadas por coaliciones de los socialistas con partidos de izquierdas o nacionalistas, mientras que el PP gobierna la Comunidad Valenciana desde 1995.
En el segundo bloque, Extremadura está gobernada por el PSOE con mayoría absoluta, Asturias por los socialistas pero en minoría simple, Cantabria con el PSOE en coalición con los regionalistas de Miguel Ángel Revilla --quien ostenta la presidencia de la comunidad--, Galicia por una coalición entre PSOE y BNG, y Aragón por una coalición de los socialistas y los regionalistas de centro-derecha del Partido Aragonés (PAR). El PP, por su parte, gobierna con mayoría absoluta Castilla y León desde hace décadas.
