La Generalitat lleva al TC los decretos estatales de FP y Secundaria

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del Gobierno de la Generalitat acordó hoy presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) por los decretos estatales de Formación Profesional, aprobado el pasado 15 de diciembre, y de Educación Secundaria, aprobado el 29 de septiembre, al haber sido desestimado por el Gobierno central el requerimiento previo de incompetencia.

La consellera de Trabajo, Mar Serna, que hoy actuó de portavoz del Govern, explicó que el Ejecutivo catalán estima que el Gobierno central "ha excedido los límites de competencias que otorga el Estatut" a la Generalitat en materia educativa, con un "exceso de regulación" de estos dos campos "que invade las competencias catalanas".

Después de presentar, el pasado 20 de febrero, un requerimiento previo de incompetencia ante el Gobierno central, que "éste no aceptó" en sus "ejes fundamentales", según reconoció Serna, el Gobierno catalán acordó hoy llevar al TC los artículos 11.4, 12.3 y 37.3 del decreto de FP y los artículos 14.7, 14.8, la disposición adicional primera y el anexo III del decreto de Secundaria.

Además, el Consell Executiu aprobó elevar un requerimiento previo de incompetencia, paso preceptivo ante un eventual recurso ante el TC, para algunos apartados de la concesión de ayudas a la investigación de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, incluidos en el Programa nacional de Investigación e Innovación tecnológica 2004-2007.

Serna explicó que el Govern considera que esta convocatoria, que aprobó el 8 de febrero la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación mediante una resolución, "prevé un tipo de contratación --la indefinida-- que vulnera el artículo 172", que regula cómo se han de crear las plazas de investigador, explicó Serna.

Según la consellera, la convocatoria estatal obvia también la intervención a la Agencia de Evaluación Autonómica, que se establece en los artículos 158 y 172 del Estatut, e incumple también el artículo 114 que fija la participación de la administración catalana en la gestión y ejecución de las ayudas a la investigación.