La Generalitat valenciana estudia actuaciones legales contra el Gobierno por no aprobar su plan de endeudamiento

VALENCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo y vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps, manifestó hoy que el Gobierno valenciano llevará a cabo "actuaciones legales" contra el Ejecutivo estatal por no autorizar el plan de endeudamiento de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2007 con el único objetivo de "poner en riesgo y en tensión las cuentas públicas de esta comunidad", aseveró. Señaló que ese documento se ajusta al programa de estabilidad 2005-2007, que contempla para la Comunidad una emisión de deuda en 2007 de 150 millones de euros, y explicó que las medidas judiciales se podrían presentar ante el Tribunal Constitucional.

Camps se pronunció de esta manera en la rueda de prensa que ofreció para presentar la liquidación del Presupuesto de la Generalitat correspondientes a 2007, que registra, por segundo año consecutivo, un superávit, en este caso cifrado en 338,6 millones de euros. El vicepresidente achacó este dato a la "buena gestión económica y financiera del Gobierno de la Generalitat" y a la "racionalización del gasto". Remarcó que, una vez se realicen los ajustes correspondientes en términos de contabilidad nacional, la Comunitat se colocará en situación de equilibrio presupuestario.

El vicepresidente económico subrayó que el Gobierno valenciano tuvo que hacer durante el pasado ejercicio un esfuerzo "mucho mayor" debido a la no aprobación del plan de endeudamiento que presentó al Gobierno en el primer trimestre del año y, en este sentido, subrayó que las arcas públicas valencianas "han podido soportar perfectamente" no emitir deuda porque están "saneadas". Esto lleva a que la variación neta de pasivos financieros en 2007 sea de cero euros --la primera vez que se liquida un ejercicio sin que se produzca un incremento de este concepto.

Camps destacó que desde la Generalitat "estamos estudiando rebatir el por qué a la Comunidad Valenciana", que es "la primera comunidad en orden a cumplir con lo dispuesto en ningún programa de estabilidad, de equilibrio o plan de saneamiento económico-financiero, no se le ha autorizado el plan anual de endeudamiento y sí a otras comunidades autónomas que no han cumplido con sus programas de estabilidad o planes de equilibrio, o que aún cumpliéndolos, están en claras situaciones de déficit en sus cuentas públicas". Según señaló, "parece ser que el órgano correspondiente será el Tribunal Constitucional".

El consejero acusó al Ejecutivo estatal de "cambiar las reglas de juego a mitad del ejercicio" con el objetivo de "poner en riesgo y en tensión las cuentas públicas de esta comunidad" y como "ataque y búsqueda de problemas para la Comunidad", al negar la autorización del endeudamiento con "criterios distintos" a los que contemplaba el programa de estabilidad que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "es decir, con el voto favorable del Gobierno socialista de España", subrayó. Lamentó que a otras comunidades autónomas que "no son tan cumplidoras" en términos económicos como la valenciana, dijo, sí recibieran autorización para sus planes de endeudamiento.

SALDO NO FINANCIERO

La liquidación del Presupuesto de la Generalitat correspondiente a 2007, que fue remitida el pasado viernes al pleno del Consell, recoge un saldo no financiero de 639 millones de euros, lo que supone un 4,9 por ciento del presupuesto definitivo y una mejora de 454 millones respecto al saldo no financiero medio de los tres últimos ejercicios, de 185 millones. En 2006, se alcanzó la cifra de 717,7 millones y en 2005 148 millones. Camps subrayó que en 1994, con un presupuesto "claramente inferior", el saldo no financiero tuvo un resultado negativo de cerca de 91 millones.

El resultado presupuestario asciende a 338,6 millones de euros, "algo inferior" al del ejercicio anterior, con 519 millones, lo que achacó a que la ejecución de los ingresos fue mayor en 2006, pero superior al saldo medio de los tres últimos ejercicios, con un resultado negativo de 39,2 millones. Destacó que en 1994, las cuentas de la Generalitat presentaban un déficit de 145 millones.

Las operaciones con activos financieron alcanzaron en 2007 un importe de 300,5 millones de euros, el remanente de tesorería disminuyó en 2007 en 265 millones, los derechos pendientes de cobro ascendieron a 1.126 millones de euros --un 4 por ciento del presupuesto definitivo-- y las obligaciones pendientes de pago ascendieron a 1.813 millones de euros --un 9,2 por ciento del presupuesto definitivo.

Subrayó que la mayor parte de esas obligaciones corresponden al presupuesto corriente y "apenas cuatro millones de euros" pertenecen al presupuesto cerrado. La ejecución presupuestaria fue del 97,2 por ciento y la ejecución de los ingresos del 95,8 por ciento.

Camps indicó que los resultados de la liquidación demuestran que la gestión económica y financiera de la Generalitat "está siendo adecuada" y remarcó que son unas cuentas que permiten que la Comunitat se prepare para "situaciones en las que los crecimientos ya no sean tan grandes como en los últimos años". Subrayó que el presupuesto de ingresos se ha ejecutado "como estaba previsto" y no ha habido disminución de los correspondientes a tributos ligados a la actividad inmobiliaria.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Por otro lado, a preguntas de los peridistas sobre las críticas de la oposición a las modificaciones presupuestarias que la semana pasada publicó el DOCV, censuró que los socialistas digan ahora que es "malo lo que cuando ellos gobernaban era bueno", ya que entonces "se modificaban los presupuestos, en términos relativos, muy por encima" que con el Ejecutivo del PP.

También aseguró que en las últimas modificaciones no se ha producido un recorte del gasto social. "Hay un recorte en determinadas inversiones de 'conselleries' para atender más gasto corriente social, que tiene su explicación en la enorme tensión que estamos teniendo en el presupuesto de la Generalitat por el aumento de población, que, sobre todo, se traslada al gasto sanitario y al gasto en educación", explicó. A su juicio, "llega un momento en que no hay más capacidad que limitar la inversión para poder hacer frente al gasto corriente".