Su abogado se congratula por el fallo que, según él, demuestra que su mandante es "víctima y un perjudicado más"
VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El representante legal del Arzobispado de Valladolid, Jesús Gómez Escolar, se felicitó hoy por la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso Gescartera por la desaparición de 50,2 millones de euros de sus clientes y destacó que con ella su mandante, personado en la causa como acusación particular, ha visto finalmente lavada su imagen, al reconocer la condición de la Archidiócesis vallisoletana como una "víctima y un perjudicado más".
Gómez Escolar, tras la lectura de los 597 folios del fallo y en declaraciones a Europa Press, insistió en que la resolución de la Audiencia Nacional "devuelve las cosas a su sitio" y, además de reconocer el derecho del Arzobispado a recuperar 130.000 euros invertidos en Gescartera, restaura el daño causada en su imagen por "determinadas malas interpretaciones", en alusión a que en su día se acusó a dicho organismo religioso de contar con información privilegiada y buscar la especulación inversora.
Al respecto, el letrado recordó que si bien el Arzobispado retiró en 1999 cerca de 6 millones de euros, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtiera de la existencia de problemas en Gescatera, en 2001, fecha en la que se hundió dicha sociedad, su mandante invirtió otros 150.000 euros al ascender ésta de agencia de cartera a agencia de bolsa, cantidad de la que logró recuperar 20.000 euros a través del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), mientras que los 130.000 euros restantes son los que ahora obtendrá gracias a la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y Caja Madrid Bolsa.
"Ni contó con información para poder marcharse de Gescartera antes de que explotara el escándalo ni tampoco es cierto, a diferencia de lo dicho en su día por el entonces ministro Juan Fernando López Aguilar, que buscara la especulación, pues la sentencia también considera probado que el dinero del Arzobispado procedía de certificados de depósito y bonos del Estado en un banco conocido que se destinaron a renta fija", añadió Gómez Escolar.
El acusador particular incidió en que el Arzobispado vallisoletano, al igual que otros perjudicados, acudieron a Gescartera "fiados en la apariencia de una empresa solvente, que es lo que diferencia este caso de otras historias como Riverduero, Afinsa o Forum, ya que estamos ante una empresa que funcionaba en el mercado de valores y que contó además con la colaboración de dos entidades bancarias como La Caixa y Caja Madrid, a las que también han pillado por contribuir a que el dinero desapareciera".
Gómez Escolar, quien sostenía que el delito era de estafa, pese a que la Audiencia Nacional lo calificara de apropiación indebida, reconoció que el Arzobispado de Valladolid "sufrió un deterioro en su imagen" al principio del proceso y, por ello, volvió a congratularse por el fallo judicial, que "viene a limpiarla y a dejar muy claro que los responsables fueron unos señores que se dedicaron a engañar a sus clientes".
