Descartada una amnistía, la legislación penitenciaria permite otras medidas como acercamientos de presos o beneficios individuales
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, tendrá en la gestión del cese definitivo de ETA, y en especial la situación de los presos de la banda, uno de los retos inmediatos de su mandato en el que tendrá una hoja de ruta básica establecida por el presidente Rajoy: "la legalidad". Se espera además una remodelación significativa que va desde la eliminación del Mando Único de la Policía y la Guardia Civil creado por el Gobierno socialista hasta la sustitución de altos cargos policiales.
ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista el pasado 20 de octubre, a tan sólo un mes de las elecciones y sin dejar margen de maniobra al Gobierno saliente para dar respuesta a las exigencias de la banda y su entorno. Dejaba la pelota, por tanto, en el tejado del nuevo Ejecutivo.
Dentro de todas las reclamaciones planteadas por los terroristas (negociación, legalización de Sortu, amnistía, frenar las detenciones, sacar las fuerzas de seguridad del País Vasco...) el ministro del Interior tiene al menos dos factores fundamentales bajo su competencia directa. El principal es mantener el nivel de vigilancia --en colaboración con Francia-- sobre los movimientos de la banda para evitar una posible reestructuración o rearme terrorista. El segundo es el que afecta a la política penitenciaria del que dependen más de 500 terroristas.
Oficialmente el Colectivo de Presos de ETA exige una "amnistía completa", pero desde la izquierda abertzale se huye de esa palabra --la propia Constitución no lo permite-- y hace meses se abrió la puerta a beneficios individuales que ya se están solicitando en bloque para dar una apariencia de globalidad y unidad en el denominado 'frente de makos'.
ESTRATEGIA DEL EPPK EN LAS CÁRCELES
Los directores de las prisiones han comenzado a recibir escritos de todos los internos que piden flexibilidad para presos etarras considerados enfermos, los que han cumplido las tres cuartas partes de su condena y los que han visto alargada su estancia en la cárcel por la denominada 'Doctrina Parot' (revisada actualmente en el Tribunal Constitucional). Pero en ninguno de estos escritos hay muestras de arrepentimiento ni perdón a las víctimas que se exige para acceder a beneficios.
Fernández Díaz tiene sobre la mesa todo tipo de recetas y propuestas. Una de ellas es continuar con la apuesta por la denominada 'vía Nanclares' por la que se acerca a prisiones del País Vasco --principalmente a la prisión alavesa de Nanclares de la Oca-- sólo a aquellos que manifiestan por escrito su ruptura con la banda. Esto se ha compaginado hasta ahora con acercamientos y alejamientos selectivos en función del grado de arrepentimiento de los presos con el objetivo de fomentar el debate y romper la histórica unidad de ese colectivo.
Esta estrategia, puesta en marcha por el ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó a dar frutos significativos tras el frustrado proceso de negociación de 2006 y 2007, pero los últimos acontecimientos y la esperanza de una salida global tras el cese de ETA, ha hecho que en el EPPK (siglas en euskera del Colectivo) se frenen las deserciones.
Desde otros sectores se reclama abiertamente el acercamiento masivo de etarras a cárceles vascas y a Navarra. Aunque la Ley recomienda que un interno debe cumplir condena cerca de su entorno, en la práctica es la Administración quien tiene la competencia de decidir y la dispersión de los presos etarras es una realidad desde hace dos décadas. También es competencia exclusiva del Gobierno la concesión de indultos o la clasificación de un preso en 'tercer grado' --sólo acude a la cárcel para dormir-- sin necesidad de la aprobación de los jueces.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CÁRCELES
En los próximos dos años está previsto un aumento de cerca de 1.200 plazas en cárceles del País Vasco y Navarra debido a la construcción de tres nuevas cárceles en Nanclares de la Oca --ya inaugurada-, Martutene (Guipúzcoa) y Pamplona, que vendrán a sustituir y ampliar las ya existentes en esas mismas localidades.
Mariano Rajoy no ha profundizado en sus planes en materia antiterrorista, pero las veces que se ha referido a ello lo ha hecho en clave de "Ley y Estado de Derecho". Pero las víctimas del terrorismo ya han advertido de que hay puntos concretos del reglamento penitenciario en los que caben distintas interpretaciones.
Piden delimitar el artículo 100.2. bajo el cual un preso puede terminar de cumplir su condena en su casa por "razones humanitarias" --como sucedió con De Juana Chaos-- o salir a diario para trabajar si así lo estima la Junta de Tratamiento de la prisión y posteriormente lo autoriza un juez.
En cuanto a la estructura del Ministerio, el PP ya ha esbozado cambios significativos como la eliminación del puesto del Mando Único para Policía y la Guardia Civil que actualmente desempeña Francisco Javier Velázquez. Fue una novedad introducida por el Gobierno socialista en el año 2006 que los 'populares' consideran "fracasada" por lo que retornarán al modelo tradicional de un director general por cada cuerpo policial, que reportan al secretario de Estado.
REFORZAR LA SECRETARÍA DE ESTADO
La persona que sea designada como 'número dos' desempeñará un papel clave en el día a día del Ministerio, según los planes del PP para este Departamento en el que apuestan por una Secretaría de Estado que centralice los datos de todos los cuerpos que operan en España en materia de terrorismo y crimen organizado. También tienen previsto proponer una nueva Ley de Policía Local.
Pero donde también se prevén cambios es en los cargos policiales de confianza que durante las últimas dos legislaturas han actuado con el Gobierno socialista. "Hay datos objetivos que permiten afirmar que Rubalcaba ha usado a la Policía no en favor de los ciudadanos, sino en favor de sus intereses de partido", criticaba el portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ignacio Cosidó, en una entrevista concedida este año a Europa Press.
"Hay reiteradas sentencias judiciales que denuncian que el Ministerio del Interior está abusando como nunca de los nombramientos a dedo y de confianza política. Hoy no hay un sólo mando policial que no haya sido nombrado a dedo por el señor Rubalcaba y ese es un sistema perverso", decía.
La última partida destinada a Interior en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 fue de 7.821 millones de euros. A la espera de conocer cómo afectan las políticas de austeridad que Rajoy pretende imprimir a su gestión, el ministro de Interior tendrá que hacer frente a reivindicaciones laborales de los policías y guardias civiles como es la equiparación salarial con el resto de cuerpos autonómicos y locales que operan en España o el derecho de manifestación para los agentes del Instituto Armado y que fue limitado tras un pacto entre el PP y el PSOE en el Senado.
Asimismo, el periodo de sesiones de la legislatura socialista terminó sin tiempo para finalizar el trámite de la Ley de Personal y el Régimen Disciplinario de la Policía que ahora tendrá que sacar adelante la nueva Cámara con mayoría absoluta 'popular'.
