El juicio queda visto para sentencia tras renunciar Olano y los principales dirigentes a su última palabra
MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Cuatro de los 24 acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna por su presunta integración en ETA, que quedó hoy visto para sentencia, aprovecharon su derecho a la última palabra para reivindicar la lucha contra la tortura que, a su juicio, han llevado a cabo estas asociaciones y afirmar que su labor continuará "hasta la resolución del conflicto en Euskal Herria".
Los principales dirigentes del movimiento pro-amnistía, entre ellos Olano, Zelarain y Jugo, renunciaron a su derecho de utilizar su última palabra, que sólo aprovecharon el responsable territorial de Vizcaya, Julen Larrinaga; la ex dirigente de Batasuna y representante de Gestoras en Álava, Maite Díaz de Heredia; el integrante de la Red Empresarial Juan Antonio Madariaga y el miembro de Askatasuna Sabin Juaristi.
El fiscal Carlos Bautista y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular, solicitan 13 años de cárcel para los líderes nacionales de Gestoras Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo, y 10 años para otros 21 miembros de este colectivo por un delito de integración en organización terrorista en condición de dirigentes. Asimismo, retiraron la acusación contra el responsable de Ex Presos, Mitxel Sarasketa, el miembro de la Red Empresarial Jorge Luis Redondo y la integrante del departamento de Comunicación Maitane Méndez.
El primero en tomar la palabra fue Larrinaga, que preguntó al tribunal, presidido por la juez Teresa Palacios, "cómo se va a acabar con el movimiento pro-amnistía incrementando el número de presos". "La única forma de que dejemos de molestar y de denunciar vulneraciones de derechos es acabar con el conflicto y que no haya ningún preso político más", advirtió.
El acusado, que se presentó como "anarquista vasco" y citó a Bakunin para señalar que nunca ha sido "un esclavo" de ETA, acusó al Ministerio Fiscal de realizar durante el proceso "un ejercico de teología, arqueología e incluso paleontología", al llevar al proceso "los papeles de Atapuerca" y aplicar "el método escolástico y el silogismo" para relacionar a Gestoras con la organización terrorista.
En una línea similar se expresó Díaz de Heredia, quien advirtió que "una sentencia no va a hacer desaparecer" al movimiento pro-amnistía, sino que lo "va a fortalecer". "Si los portavoces de las injusticias están encarcelados, lo que haremos será aumentar la bola", dijo. En este sentido, Juaristi apostilló que "el movimiento pro-amnistía terminará cuando se acabe con la represión".
Por su parte, Madariaga defendió "la lucha contra la tortura, el aislamiento y la dispersión" que, a su juicio, ha desarrollado Gestoras desde su creación. "Nosotros no traficamos con el sufrimiento ni con el dolor, que afecta a todo un pueblo, nosotros somos traficantes de sueños", dijo. "Nuestra apuesta es una apuesta por la vida frente a los que van diciendo por ahí 'Somos novios de la muerte", añadió.
"AFINIDADES" ENTRE GESTORAS Y ETA
En la última sesión del juicio, que se prolongó durante casi seis horas, los abogados defensores admitieron que Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna "podrían tener afinidades" con la banda terrorista, aunque defendieron que no pueden ser consideradas como parte de ella porque su actividad se desarrollaba "sin armas".
"Gestoras Pro Amnistía puede tener afinidades ideológicas con movimientos progresistas, de izquierda, pacifistas e incluso con ETA, pero decide qué marco y qué debate va a desarrollar", afirmó el letrado Iñako Goyoaga durante la presentación de los informes de conclusiones definitivos de los cinco abogados de las defensas.
Durante sus intervenciones, los abogados de Gestoras sostuvieron que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Supremo, "el concepto de terrorismo está ligado a la comisión de actos terroristas", lo que no se corresponde, según indicó Arantza Zulueta, con las labores que desarrollaban los acusados. "Una actividad terrorista sin armas sería una hipótesis de gabinete", dijo.
Esta tesis contrasta con la defendida por el fiscal Carlos Bautista, quien argumentó el pasado lunes que "puede haber organizaciones terroristas que no necesariamente estén armadas y éste es el caso de Gestoras, que forma parte del bloque ETA". A este respecto citó la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en febrero pasado para condenar a 20 islamistas involucrados en la denominada 'Operación Nova' y sostuvo que "para estar en presencia de una organización terrorista no es necesaria la existencia de armas".
Las manifestaciones de los abogados defensores provocaron que la juez Teresa Palacios se viera obligada a intervenir en varias ocasiones para pedirles que se ajustaran al objeto del procedimiento, como cuando la letrada Haizea Ziluaga denunció la "ocupación militar de Euskal Herria" y "las torturas y abusos policiales". "Si alguien entrara ahora en la sala pensaría que se ha equivocado de juicio", le apuntó la juez antes de pedirle que no volviera a "hablar de torturas".
DOS MESES DE JUICIO
Al comienzo del juicio, que se inició el pasado 21 de abril, los acusados renunciaron a su defensa jurídica al considerar que el proceso era "una farsa" y la sentencia se encontraba "escrita", tal y como indicó Olano durante su declaración ante el tribunal, integrado por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel.
De esta forma, las defensas renunciaron a realizar preguntas a los comparecientes propuestos por las acusaciones y redujeron su lista de más de 200 testigos a apenas una docena, todos los cuales trataron de justificar la existencia de supuestas torturas por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre los testimonios que habían propuesto en un principio se encontraban los del obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE); o el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar.
El fiscal, que basó sus conclusiones en la abundante documentación incautada a miembros de ETA y Gestoras, los informes periciales de inteligencia y las conversaciones telefónicas intervenidas a los acusados, considera que los acusados formaban parte de "una organización terrorista no armada" que, entre otras funciones, se dedicaba a señalar a posibles víctimas de ETA como el concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa (asesinado en junio de 2000) o el juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón (en noviembre de 2001).
DE 27 A 24 ACUSADOS
Además de Olano, Zelarain y Jugo, que se enfrentan a 13 años de cárcel, se encuentran procesados en esta causa la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava María Teresa Díaz de Heredia; los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra).
Excluidos los tres miembros de Gestoras a los que las acusaciones retiraron los cargos, también esperan sentencia María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria) y Gorka Zulaica (Tesorería).
Completan la lista de acusados Jon Imanol Beascoa y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras Pro Amnistía después de que en diciembre de 2001 el juez Baltasar Garzón declarara la ilicitud de sus actividades.
