Gestoras.-Ex director de Egunkaria y víctimas GAL niegan que los acusados les instruyeran para denunciar torturas

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ex director de Egunkaria Martxelo Otamendi y otros seis testigos propuestos por las defensas, entre los que se encontraban los familiares de dos víctimas del GAL, elogiaron hoy en el juicio que se sigue contra Gestoras Pro Amnistía "la atención, el apoyo y la solidaridad" que les prestaron los responsables de esta organización, y aseguraron que nunca les dieron "instrucciones" o "directrices" para denunciar torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad.

En la sexta sesión del macrojuicio contra 27 responsables de la organización ilegalizada que se sigue en la Audiencia Nacional, los testigos de las defensas relataron sus respectivos casos de tortura o desaparición de familiares, lo que obligó a que en varias ocasiones la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tuviera que reconvenirles en sus testimonios para que se ajustaran al "objeto del procedimiento", en referencia a la relación que tuvieron con Gestoras Pro Amnistía.

El fiscal Carlos Bautista y el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, intentaron sin éxito que los testigos identificaran a alguno de los acusados como responsables nacionales o territoriales del colectivo enjuiciado, aunque todos ellos dijeron desconocer los cargos que ocupaban sus interlocutores, entre los que citaron a Juan María Olano y Maite Díaz de Heredia, e incluso aseguraron no recordar si les atendían en las sedes de las que disponían.

Martxelo Otamendi, director del diario Euskaldon Egunkaria, que la Audiencia Nacional ordenó cerrar en 2003, señaló que Gestoras le ayudó a difundir las torturas que denunció tras ser detenido por la Guardia Civil, para lo cual le invitó a participar en conferencias, le organizó entrevistas con medios de comunicación extranjeros e incluso le preparó un encuentro con el relator de Naciones Unidas para la Tortura, Theo Van Boven.

Tras destacar el "eco mediático" que tuvo su caso, que provocó "la mayor manifestación que ha habido en San Sebastián nunca", según dijo, Otamendi sostuvo ante el tribunal que actuó "siempre libremente y nunca bajo los dictados de nadie". "A mí nadie nunca me dijo: '¿Quieres participar en una rueda de prensa, que me han dicho los de ETA que la dieras?'", afirmó. Preguntado si la organización le marcaba los "pasos" a seguir en su denuncia, aseveró: "Rotunda y absolutamente no".

"LOS ÚNICOS QUE NOS OFRECIERON AYUDA"

También compareció ante el tribunal la hermana del etarra José Antonio Lasa, asesinado en 1983 junto a José Ignacio Zabala en la primera acción reivindicada por los GAL. Arantza Lasa señaló que contactó con los responsables de Gestoras Pro Amnistía porque, tras la desaparición de su hermano, sus familiares y amigos "no sabían qué hacer ni a quién acudir" y esta organización constituía "un referente" en la denuncia de este tipo de situaciones.

Lasa señaló que los integrantes del movimiento pro amnistía fueron "las únicas personas" que se "acercaron" a ellos, les pusieron en contacto con familiares de etarras que habían sufrido situaciones similares y les "ofrecieron su apoyo para denunciar" tanto las despariciones como "la existencia de fondos reservados del Estado" con los que se financió la operación. "Las instituciones pasaron de nosotros y en el juicio no se depuraron todas las responsabilidades", aseguró.

Por su parte, Edurne Brouard, hija del médico y dirigente de Batasuna Santiago Brouard, asesinado por los GAL en 1984, señaló que colaboró con Gestoras Pro Amnistías para preparar el juicio por la muerte de su padre, denunciar públicamente las actuaciones de este grupo terrorista e impulsar mociones en ayuntamientos del País Vasco. Sobre Olano, de quien se dijo "amiga", apuntó que "ha actuado públicamente como representante del movimiento pro amnistía".

En una línea similar se manifestó Unai Romano, quien exhibió ante el tribunal una fotografía de su cara tras las supuestas torturas que denunció tras ser detenido en 2001 como presunto colaborador de ETA. Romano, que se encuentra en libertad y a la espera de juicio, reconoció haber colaborado con Gestoras para difundir su caso y denunciar los casos de tortura. "Son gente muy solidaria", manifestó.

También comparecieron ante el tribunal Usoa Esteban, que denunció el "terrible aislamiento" que sufre en la cárcel su hermano Esteban, condenado a más de 3.000 años de cárcel por sus acciones como miembro del 'comando Madrid'; Goreti Ormazabal, hermana del etarra Juan María Ormazabal, que falleció en 1991 tras un tiroteo con la Ertzaintza en Bilbao; y la integrante del colectivo de familiares de presos Etxerat María José Campos, que denunció la falta de asistencia médica para su marido, Bautista Barandalla. "En la retina de mis ojos y en mi corazón está la ayuda que estas personas me prestaron", señaló refiriéndose a los acusados.

El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración de otros siete testigos presentados por las defensas, entre los que se encuentran más familiares de miembros de la organización terrorista ETA.

"FRENTE DE 'MAKOS'"

El fiscal Carlos Bautista solicita para los 27 acusados un total de 10 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista, al considerar que formaban "el frente de 'makos' (cárceles)" de ETA. En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, los responsables nacionales de la organización, Juan María Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo; o la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava María Teresa Díaz de Heredia.

También se encuentran procesados los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra), así como María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria), Mitxel Sarasqueta (Ex Presos) y Gorka Zulaica (Tesorería).

Completan la lista de acusados Jon Imanol Beascoa, Jorge Luis Redondo y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Maitane Méndez Bastida y Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras.