Dice que la retirada de los cargos contra tres acusados demuestra que la existencia de "un juicio político" es "una pamplina"
MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista pidió hoy entre 10 y 13 años de cárcel para 24 de los 27 acusados en el juicio contra Gestoras Pro Amnistía por un delito de integración en organización terrorista, al considerar que durante el proceso ha quedado demostrado que "siguieron de cabo a rabo las instrucciones que ETA da a sus miembros".
La pena más alta, de 13 años de prisión, corresponde a los dirigentes nacionales de la organización Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo, a los que el fiscal considera miembros de la organización terrorista en calidad de dirigentes. Para otros 21 acusados, entre los que se encuentra la dirigente de Batasuna Maite Díaz de Heredia, solicita 10 años de cárcel por pertenencia a ETA, mientras que retira por falta de pruebas los cargos que existían contra Mitxel Sarasketa, Jorge Luis Redondo y Maitane Méndez.
El representante del Ministerio Público, que estuvo acompañado en su exposición por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señaló que la retirada de las tres acusaciones, que fue recibida con aplausos por sus compañeros de banquillo, demuestra que este proceso es "un juicio absolutamente jurídico" y desmonta la "pamplina" de los acusados de que se trata de "un juicio político".
Según Bautista, la actitud que los acusados han adoptado durante el juicio, en el que renunciaron a su defensa jurídica por considerarlo "una farsa", pone de relieve que "han seguido la guía o el manualillo del buen miembro de la organización terrorista". "Farsa, teatrillo y montaje es lo que hicieron ellos el primer día", apuntó antes de aventurar que, "si la sentencia no les gusta, utilizarán el recurso de casación español o el recurso de amparo" para tratar de eludir la condena.
"ETA ES LA ESTRUCTURA Y GESTORAS, LA SUPERESTRUCTURA"
En la introducción de su escrito de calificaciones, Bautista echó mano del materialismo dialéctico que fundamenta el funcionamiento de las organizaciones marxistas-leninistas para afirmar que "ETA es la estructura y Gestoras Pro Amnistía, la superestructura". Así lo demuestran, según explicó, los informes de inteligencia que dos expertos en la lucha antiterrorista pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía han expuesto durante el juicio.
De esta manera, apuntó que Gestoras Pro Amnistía funcionó de forma autónoma hasta 1974, comenzó a ser dinamizada después por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) a través de la "doble militancia" de algunos de sus dirigentes y fue tomada "al asalto, según dice la leyenda", por la organización terrorista a partir de 1977, año en el que se aprobó la Ley de Amnistía.
Como ejemplos, señaló que entre los denominados 'papeles de Sokoa', intervenidos a la banda en marzo de 1988, se encontraron recibos que demostraban que ETA había prestado a Gestoras Pro Amnistía dos millones de pesetas para financiar su actividad. Esa conexión entre ambas organizaciones continuó, según Bautista, a partir de 1991 cuando la organización "se cansa de poner el dinero para todos sus frentes" y busca, a través del denominado 'Proyecto Udaletxe', la autofinanciación de cada uno de ellos.
Del mismo modo, señaló que los documentos incautados en agosto de 1993 al miembro del 'aparato político' de ETA José María Dorronsoro Malaxetxeberria reflejan que la dirección de la banda terrorista transmitía sus directrices a los miembros de Gestoras mediante delegados de KAS y su sucesora EKIN y abogados que visitaban habitualmente a los presos. En sus comunicaciones internas, Gestoras era conocida con la clave de 'Adidas' y los letrados con la de 'Z' y 'ZZ'.
Bautista, que puso como ejemplo de "etnicismo excluyente" que uno de los acusados restara legitimidad al tribunal por no estar compuesto en su totalidad por ciudadanos vascos, también destacó como prueba de la vinculación entre Gestoras y ETA la intervención en los primeros meses de 1993 de un 'zutabe', el boletín interno de la banda.
INFORMES DEFINITIVOS
La vista, que se celebra ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, se reanudará esta tarde con la lectura del resto del informe del Ministerio Público. Posteriormente, expondrán sus conclusiones la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular, y las defensas. Antes de que el tribunal, integrado por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, deje el juicio visto para sentencia, los acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra.
Al comienzo del juicio, que se inició el pasado 21 de abril, los acusados anunciaron su renuncia a su defensa jurídica al considerar que la sentencia se encontraba "escrita", tal y como señaló Olano. De esta forma, sus defensas redujeron la lista de más de 200 testigos que habían solicitado a apenas una docena, renunciando a los testimonios del obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE); o el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar.
Además de Olano, Zelarain y Jugo, se encuentran procesados en esta causa la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava María Teresa Díaz de Heredia; los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra).
También se sentaron en el banquillo María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria), Mitxel Sarasqueta (Ex Presos) y Gorka Zulaica (Tesorería).
Completaron la lista de acusados Jon Imanol Beascoa, Jorge Luis Redondo y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Maitane Méndez Bastida y Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras Pro Amnistía después de que en diciembre de 2001 el juez Baltasar Garzón declarara la ilicitud de sus actividades.
