El GIC comprueba si ha cesado la extorsión de ETA y explora mecanismos para "verificar otros aspectos" de la tregua

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Internacional de Contacto (GIC), impulsado por el abogado sudafricano, Brian Currin, está comprobando si ha cesado la extorsión de ETA y explora mecanismos para "verificar otros aspectos" del alto el fuego decretado por la banda armada.

El GIC, compuesto por los expertos en mediación de conflictos de reconocido prestigio Silvia Casale, Alberto Spektorowski, Nuala O'Loan, Raymond Kendall y Pierre Hazan, ha mantenido su segunda reunión el pasado sábado 2 de abril en Londres.

Tras el encuentro, el Grupo, auspiciado por Currin, ha emitido un comunicado en el que asegura que comprende "la importancia y complejidad de la verificación del alto el fuego" y explica que está desarrollando "un proceso para comprobar si la extorsión -en referencia al denominado 'impuesto revolucionario'- ha parado completamente, tal y como ha sido anunciado".

Además, anuncia que "está adoptando un acercamiento progresivo para explorar distintos mecanismos que pueden ser empleados para la verificación de otros aspectos del alto el fuego".

Precisamente, el pasado 27 de marzo, a través de un comunicado, ETA propuso una verificación internacional "no formal" del alto el fuego que decretó el 10 de enero, ante "el veto estatal" a "una comisión oficial".

EL SUFRIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS

El GIC también recomienda que, "teniendo en cuenta el objetivo de lograr un exitoso proceso de reconciliación en el País Vasco", todos los partidos políticos -incluido Sortu- "reconozcan y empaticen con todo el sufrimiento padecido por las víctimas de la violencia".

En la reunión de Londres del pasado 2 de abril, el Grupo Internacional de Contacto analizó también la decisión del Tribunal Supremo sobre Sortu, dada a conocer el 23 de marzo, de impedir su inscripción como partido político, "y el interesante voto discrepante" emitido por siete magistrados.

En un comunicado, el Grupo Internacional de Contacto ha explicado que, "como una cuestión de principios, considera que todos los partidos políticos que rechazan la violencia deben tener la posibilidad de participar en la vida política democrática".