MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que la reforma de la Administración Local "escuece" hasta en las filas del Partido Popular y la tramitará sin prisas para intentar acercar posiciones y limar asperezas, según han reconocido fuentes gubernamentales.
El pasado 15 de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde a un informe de la reforma de la administración local que pretende reducir el sector municipal, delimitar competencias, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios. El Ejecutivo calcula que el ahorro puede superar los 7.000 millones.
Sin embargo, el texto no convence ni a comunidades autónomas ni a alcaldes, que han expresado su malestar en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aparte de la exigencia de los regidores de municipios de menos de 1.000 habitantes de seguir percibiendo una retribución, el principal motivo de desacuerdo radica en el pago de las competencias.
COSTE ESTÁNDAR DE LOS SERVICIOS
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene perfilado un coste estándar para cada servicio que prestan los ayuntamientos, un método de cálculo basado en la población, pero que atiende también a otras variables como dispersión o envejecimiento.
La reforma local impedirá que se presten servicios por encima de ese coste y será este baremo la causa principal de que un ayuntamiento pierda competencias. La reforma local clarificará por tanto los costes de todos los servicios, que serán más bajos en muchos casos que los actuales; serán públicos y se fijarán anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
Esa clarificación de competencias, así como que ya ningún asunto esté en manos de más de una administración, ahorrará según Hacienda unos 5.500 millones de euros. El resto del ahorro procederá de la desaparición de entidades menores, mancomunidades y empresas públicas que no rindan cuentas o sean deficitarias y de reducir el número de concejales con sueldo.
A LA ESPERA DEL INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO
Ante las críticas que ha cosechado la reforma, incluso en las filas del PP, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, mantuvieron este martes un encuentro con representantes municipales de toda España, a los que trasladaron personalmente que están abiertos a aportaciones sobre la reforma local.
El Gobierno remitió a mediados de febrero el texto al Consejo de Estado para que se pronuncie en profundidad sobre la constitucionalidad de la reforma, en especial sobre la delimitación de competencias.
Dado que ese dictamen es de vital importancia, el Ejecutivo no quiere meter prisas al Consejo de Estado, que considera que debe estudiar de forma sosegada esta reforma, han indicado las fuentes consultadas.
Aparte del informe del Consejo de Estado, el Ministerio de Administraciones Públicas estudiará todas las aportaciones que en estas últimas semanas han realizado distintas entidades y varias comunidades autónomas, como Galicia, Castilla y León, Navarra y Madrid.
Todo ello servirá para redactar un nuevo texto que se convertirá ya en proyecto de ley que enviar al Congreso antes de concluya el actual periodo de sesiones. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo admiten que la reforma local no estará lista antes de finales de año.