VALENCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central afirma, en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que los recursos que se podrán trasvasar del Júcar al sistema de explotación Vinalopó-Alacantí utilizando la conducción que tiene encomendada Aguas del Júcar "serán recursos superficiales excedentarios" de este río, tal y como determina su Plan Hidrológico de Cuenca.
El Ejecutivo recuerda que el Plan Hidrológico del Júcar en vigor, aprobado por real decreto en 1998, establece que "podrán aprovecharse los recursos sobrantes" de este río para "paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área Vinalopó-Alacantí y Marina Baixa".
También sostiene en la respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del proyecto 'conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó' determina que "la transferencia de caudales debe supeditarse al mantenimiento del caudal ecológico del Júcar en primer lugar y, después, a excedentes de la cuenca cedente".
Además, en otra respuesta a una pregunta formulada por el diputado de ERC Agustí Cerdà, subraya que "el nuevo plan hidrológico de cuenca, cuyos trabajos ya están adjudicados, fijará el caudal ecológico, así como las medidas necesarias para el adecuado mantenimiento de las condiciones ecológicas en el tramo final del río Júcar".
Asimismo, a requerimiento del mismo grupo parlamentario, el Gobierno informa de que el plan hidrológico de la cuenca del Júcar actualmente vigente "no distingue entre diferentes tipos de agricultura" y considera "todas las prácticas agrarias como uso agrícola".
Según expone el Ejecutivo, el real decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento del agua "posibilita el intercambio de derechos entre usuarios para paliar el efecto de la sequía", y su prórroga, efectuada en septiembre de 2006, amplía los objetivos de estos intercambios.
Este nuevo decreto autoriza a los centros de intercambios de derechos "a realizar ofertas públicas de adquisición, temporal o definitiva de derechos de uso del agua, con el fin de destinar los recursos adquiridos a la consecución del buen estado de las masas de agua subterránea o a constituir reservas con finalidad puramente ambiental, tanto de manera temporal como definitiva".
