MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los proyectos de Ley del Cupo Vasco y de modificación del Concierto Económico, ambas comprometidas en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco y pendientes de su envío a las Cortes, donde deberán ser ratificadas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció recientemente al PNV en el Congreso que enviaría ambas leyes a tiempo de su aprobación antes de que acabara el año, tal y como ambos gobiernos pactaron. El paso dado hoy por el Consejo de Ministros estaba ya por tanto comprometido, pero se produce cuando el Gobierno quiere retomar la negociación de los Presupuestos del Estado y busca el apoyo del Grupo Vasco. El propio Montoro ha rechazado esta vinculación de asuntos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que el Gobierno va a buscar apoyos para sacar las cuentas adelante, pero "no va a condicionar" unos temas con otros. Ha aclarado que trabaja en actualizar la financiación de todas las administraciones territoriales y que, además de cerrar el capítulo vasco, está cerca de acordar el nuevo Convenio Económico navarro y trabaja en la reforma del sistema de las comunidades del régimen común. El ministro de Hacienda ha aprovechado la presentación de estas leyes para defender que es posible el acuerdo entre instituciones con "distintas formas de concebir muchas cosas", en clara alusión a los problemas con Cataluña: con "lealtad y respeto mutuo" y dialogando dentro de la ley, ha subrayado. Se trata en concreto de la conocida como ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021, con la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, y de la Ley del Concierto Económico, que recogerá distintas modificaciones. Como son leyes paccionadas entre los dos ejecutivos, no pueden sufrir enmiendas en Congreso y Senado. Según Montoro, ambas estarán aprobadas para su entrada en vigor el uno de enero de 2018. La cifra base del Cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad pague el País Vasco, variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Por ejemplo, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones. Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo, la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010. Finalmente, las dos partes acordaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años del citado Cupo: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año. El Consejo de Ministros ha acordado también remitir el proyecto de ley con las modificaciones para adaptar el Concierto a determinados cambios legislativos que se han producido en la normativa estatal y que estaban pendientes de ser incorporados en esa norma. Entre otros, se modifican los preceptos relativos a grupos fiscales, al Impuesto sobre la Electricidad y a la opción de los no residentes para tributar por el IRPF, al tiempo que se adapta la regulación del Delito Fiscal de acuerdo con el nuevo régimen establecido en el Código Penal. También se ha acordado la concertación del Impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados, creado con posterioridad a la última actualización del Concierto. Por otra parte, se introducen mejoras en la gestión tributaria y en la coordinación entre administraciones, acordando un nuevo procedimiento para la regularización de cuotas de IVA devueltas en los supuestos de inicio de actividad, suscribiendo las reglas para la asignación y revocación del NIF e introduciendo nuevas reglas de coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras entre administraciones en supuestos de regularización de operaciones entre personas o entidades vinculadas, según informa el Gobierno. Otras medidas introducidas conciernen al IRPF, al Impuesto de Sociedades e IVA, al Impuesto sobre la Renta de No Residentes y al de Sucesiones y Donaciones, que implican la optimización de la capacidad de la gestión tributaria por parte de las diputaciones forales. Entre ellas, se destaca que en el Impuesto sobre Sociedades y el IVA, se eleva la cifra umbral de volumen de operaciones que delimita la competencia para exigir el impuesto, que pasa de 7 a 10 millones de euros. Como novedad, se atribuye al País Vasco en ambos impuestos la competencia sobre sujetos pasivos con domicilio fiscal en territorio común y volumen de operaciones superior a 10 millones de euros en el ejercicio anterior, cuando hubieran realizado en el País Vasco el 75 por ciento o más de su volumen de operaciones en dicho ejercicio.
