El Gobierno balear, dispuesto a colaborar para que se "aclaren" los hechos tras la querella de UGt contra Bauzá

PALMA DE MALLORCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno balear y consejero de Presidencia, Antonio Gómez, ha asegurado este martes en el Pleno del Parlamento que el Ejecutivo está dispuesto "a colaborar con la Justicia en todo lo que haga falta, con la finalidad de que se aclaren los hechos" relativos a la querella de UGT contra el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz adjunto del grupo socialista, Vicenç Thomàs, quien se ha interesado por los planes del Ejecutivo autonómico ante la admisión a trámite de la querella en la que el magistrado cuestiona a Bauzá por haber empleado los servicios de la Abogacía de la Comunidad Autónoma en la demanda que presentó contra el exlíder del sindicato Lorenzo Bravo.

En este sentido, Thomàs ha remarcado la inconveniencia de que el presidente del Ejecutivo autonómico utilizara en su defensa los servicios jurídicos de la CAIB, un extremo que ha negado Gómez, quien ha recordado que "a las autoridades públicas y funcionarios les corresponde su defensa mediante los servicios jurídicos de la Administración".

En este punto, el diputado del PSIB ha rebatido que "hay mucha jurisprudencia y doctrina que respeta el derecho al honor sin reconocer a la persona jurídica pública", por lo que ha insistido en que el presidente no debería haber recurrido a los abogados de la Comunidad balear.

"A Bauzá no le va a temblar la mano para defender su honor y para ello utilizar a los abogados de la Comunidad", ha criticado el parlamentario socialista, al tiempo que ha recordado que "perdió la demanda por goleada".

"Ahora vuelve a utilizar a los abogados de la CAIB y sigue confundiendo lo público y lo privado. Un presidente que factura cada día 3.000 euros a los ciudadanos y dice que no tiene dinero para pagarse a sus defensores", ha censurado Thomàs.

Ante ello, Gómez ha apuntado que en este caso en concreto "se entendió" que era la abogacía de la CAIB la que debía actuar, porque "las manifestaciones injuriosas se hicieron en su calidad de presidente del Gobierno".

"No es infrecuente que la Abogacía defienda a sus funcionarios públicos en procesos penales en los que se tratan temas de defensa del derecho al honor", ha apostillado el vicepresidente del Gobierno balear, contra quien también se dirige la querella, por haber resuelto que la Abogacía balear se encargara de la defensa.