BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del gobierno municipal de Barcelona, Assumpta Escarp, ha confirmado este jueves que de momento solo hay dos funcionarios municipales imputados en el caso de presuntas irregularidades en la concesión de licencias de Ciutat Vella, especialmente de pisos turísticos, según se desprende del primer análisis que han hecho del sumario.
En declaraciones a los periodistas, Escarp ha explicado que el Ayuntamiento es parte en el caso que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, como acusación particular, por lo que están analizando el contenido de dicho sumario.
Así, está imputado el funcionario Heliodoro L.F., que había sido jefe de servicios técnicos del Distrito de Ciutat Vella, por delitos de soborno, y que ha pasado por la cárcel.
Cuando ingresó ocupaba la dirección de Licencias y Espacio Público del Distrito de Nou Barris, y el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario por el que está suspendido de sueldo y empleo.
También está imputada la funcionaria Elena A. de cuando ocupaba la Dirección de Licencias y Espacio Público de Sarrià-Sant Gervasi. Había tenido diversos cargos técnicos en Ciutat Vella; el último, como secretaria técnico-jurídica. El Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario, que motivó que fuese trasladada de su puesto de trabajo.
Escarp ha recordado que Heliodoro L.F. está "separado del servicio desde el momento de su detención" y cuando quedó libre pidió el reingreso, que no se le permitió.
Según la también concejal de Ciutat Vella, Heliodoro L.F. "pudo haber tejido alguna estructura", aliado de otra persona, e intentaba "buscar la opacidad" para aprovechar su lugar de trabajo para "extorsionar a terceros y aceptar sobornos de terceros".
25 EMPRESARIOS IMPUTADOS
Según publican hoy varios medios, además de los cargos municipales, 25 empresarios del ocio y propietarios de apartamentos turísticos de Ciutat Vella están imputados en la trama de soborno y han declarado en el juzgado.
Respecto a los establecimientos que podrían estar implicados, Escarp ha dicho que desde la vía administrativa comprueban siempre si un comercio si tiene licencia y si puede desempeñar una actividad, aunque si detectan que detrás de la concesión hay infracciones, actúan administrativamente. Otra cosa es que, por su parte, la juez pueda intervenir judicialmente si ve indicios de delito.
Escarp ha destacado que ha sido el Ayuntamiento quien ha motivado gran parte de la investigación judicial y ha colaborado "estrechamente con la justicia", facilitando cuatro peritos judiciales que trabajan a disposición de la judicatura.
Esta actuación "proactiva" demuestra que en el Ayuntamiento no quieren actuaciones de soborno o corrupción y que "la mayoría de los funcionarios son gente honesta y que trabajan con el objetivo de atender a los ciudadanos".
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