El Gobierno condicionará la extradición del disidente Pavlov a las "garantías" que ofrezca Kazajistán de un juicio justo

INTERPOL

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mariano Rajoy aún no ha resuelto si extraditará o no al disidente Alexander Pavlov, que trabajó durante varios años como jefe de seguridad del principal representante de la oposición de Kazajistán, Mukhtar Ablyazov, pero ha adelantado que su decisión tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, las "garantías" de un juicio justo que le ofrezca ese país centroasiático.

Ésta es la respuesta que el Ejecutivo da al portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, quien pedía saber si el Gobierno ha previsto denegar la extradición a Kazajistán de Pavlov "por existir riesgo real de sufrir violaciones graves de los Derechos Humanos", como han denunciado distintas organizaciones humanitarias.

El diputado valenciano de IU planteaba esta pregunta después de que la Audiencia Nacional decidiera paralizar temporalmente la extradición de Pavlov hasta que se resuelva su recurso a la denegación de asilo político por parte del Ejecutivo español.

Este tema ya provocó una carta conjunta de diputados de PSOE, UPyD e ICV a los ministros de Exteriores y Justicia pidiendo explicaciones por la situación de Pavlov y las circunstancias 'no habituales' en la gestión de su petición de extradición.

En su respuesta a Sixto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo no considera "adecuado" hacer de este caso concreto una "generalización" y, de hecho, rechaza conclusiones "tan contundentes y generales" como que "las personas extraditadas a Kazajistán pueden ser víctimas de violaciones de Derechos Humanos" o que "no se reúnen las condiciones para la celebración de un juicio justo".

AÚN NO HA TOMADO UNA DECISIÓN

En este punto, recuerda que España ha firmado con Kazajistán convenios internacionales en materia de asistencia judicial penal, extradición y traslado de personas condenadas respectivamente, que tienen como base la "cooperación" y el "auxilio judicial" entre ambos países.

"Ello implica un sustrato de confianza recíproca entre los respectivos sistemas judiciales, así como el establecimiento de una base jurídica que permita regular el auxilio entre los respectivos jueces, la entrega de sujetos procesales y el traslado de personas condenadas", explica el texto del Gobierno.

Aunque apunta que es "cierto" que el 'caso Pavlov' se está siguiendo "muy de cerca" por distintas organizaciones, una realidad a la que el Gobierno "no es ajeno", insiste en que aún no ha adoptado una decisión sobre la expulsión del citado disidente kazajo, para la cual tendrá en cuenta "todas las circunstancias" que rodean este caso, esto es, "las decisiones judiciales recaídas sobre el particular, las garantías aportadas por las autoridades kazajas y cualquier información que pueda resultar relevante".