Sánchez abrirá una ronda con los partidos para sacar adelante la reforma de los aforamientos

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá una ronda con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de recabar su apoyo para una reforma limitada de la Constitución que limite el fuero de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al estricto ejercicio de sus funciones en el cargo. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha remitido al Consejo General del Poder Judicial el anteproyecto de ley de la reforma, paso previo a su aprobación definitiva por el Gobierno y remisión a las Cortes. La llegada del texto al Parlamento aún puede demorarse un mes más, puesto que el CGPJ tiene un mes de plazo para emitir su informe. El PP será clave para que la reforma salga adelante puesto que este tipo de reforma de la Constitución --que afecta tan sólo a dos artículos-- requiere el apoyo de tres quintas partes del Congreso --210 de los 350 diputados-- y el Senado --159 de los 266 representantes--, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta. En esa ronda, Sánchez no pedirá a Podemos que desista de su intención de pedir un referéndum sobre esta reforma. "No le podemos decir a ningún grupo de la Cámara que no lo haga. Ni podemos ni debemos. Cuando eso se produzca, veremos si se produce el formato de encaje que tiene porque es un requisito constitucional que hay que cumplir. No seremos nosotros quien ponga ningún tipo de prevención porque queremos que esta reforma se haga", ha explicado la vicepresidenta. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida --y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención-- es obligado someter este tipo de reforma de la Constitución a referéndum. Lo cierto es que desde que Podemos anunció su intención de solicitar la consulta, el Gobierno asumió con normalidad esta posibilidad. Con esta reforma, el Gobierno aspira a acercarse a la "tónica media" del régimen de aforamientos en el resto de Europa y trasladar a los ciudadanos la seguridad de que los cargos públicos "están sometidos con igualdad ante las leyes", ha explicado Calvo. La vicepresidenta ha confirmado que el anteproyecto calca casi en su total literalidad la propuesta formulada por el Consejo de Estado, órgano al que el Gobierno encargó un informe sobre la manera de llevar a cabo la reforma. Así, se limita a modificar los artículos 71 (apartado 3) y 102 (apartado 1) de la Constitución que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores. El artículo 71.3 quedará redactado de la siguiente manera: "en las causas contra Diputados y Senadores por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Y el 102.1, así: "La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". NO ENTRA EN EL TERRENO DE LAS AUTONOMÍAS El Gobierno no entra en el terreno de las autonomías --cuyos Estatutos otorgaron también el fuero a los miembros de sus Gobiernos y Parlamentos-- pero Calvo ha remarcado que es "evidente que una vez que se marca el listón", ha de producirse una "armonización constitucional", por lo que los Estatutos se deberán adecuar a la nueva redacción de la Carta Magna. El Consejo de Estado apuntaba una fórmula posible para garantizar esa armonización de una manera más inmediata hasta que se completara la reforma y consiguiente adecuación de los Estatutos a la Constitución. Hablaba de introducir una "previsión constitucional que disponga que los aforamientos de las autoridades y cargos públicos autonómicos queda constreñido al ejercicio de las funciones propias de su respectivo cargo", señalaba en su informe. Sin embargo, el Gobierno descarta usar esta vía y ve preferible dejar libertad a las autonomías para que decidan cuándo reformar sus Estatutos para adecuarse a la reforma. "No les podemos plantear a los parlamentos autonómicos qué tienen que hacer", ha justificado. La vicepresidenta ha recordado que incluso algunas autonomías ya han eliminado los aforamientos de sus políticos. Es el caso de Canarias, por ejemplo, que en la reciente reforma de su Estatuto ha terminado por completo con el aforamiento de los miembros del Ejecutivo y parlamentarios autonómicos, incluso para los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el mismo sentido se están tramitando en la actualidad las reformas de los Estatutos de Cantabria y Murcia. La reforma incluirá tres disposiciones, tal y como proponía el Consejo de Estado. La disposición transitoria única señala que el régimen de aforamientos establecido en la presente reforma de la Constitución "se aplicará a los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor". UN AÑO PARA ACOTAR EL FUERO DE LA CÚPULA JUDICIAL Una disposición adicional única indica que "en el plazo máximo de un año deberán aprobarse las disposiciones legales necesarias para adaptar el régimen procesal de los aforamientos", es decir, para hacer los cambios necesarios en la legislación que se deriven de la reforma de la Constitución. Así, se acotará también y en el mismo sentido que para el Gobierno el fuero de los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus vocales, del Tribunal Constitucional, de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, del presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia. También el aforamiento del fiscal general del Estado, fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo. Como en el caso de los cargos públicos autonómicos, el Consejo de Estado considera que no tendría sentido que tuvieran un nivel mayor de protección que los políticos a los que se refiere expresamente la Constitución. DELITOS DE CORRUPCIÓN Con la reforma propuesta, quedará en manos del juez considerar si un delito asociado a presunta corrupción política está o no dentro del estricto ejercicio de su cargo, ya que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno ven aconsejable incluir un listado de delitos en la Constitución que queden dentro del fuero, entre otros motivos, por la excesiva rigidez de nuestra Carta Magna, que no es de sencilla actualización. No obstante, los expertos señalan, y así lo ponía en evidencia también el Consejo de Estado, que existe bastante jurisprudencia al respecto. En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto --17.603-- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc).

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